Martínez obliga a dimitir de todos sus cargos al concejal de Cádiz implicado en el "caso Afanas"
El PP insinúa que el dinero del soborno de Sanlúcar salió "de las arcas del PSOE"El grupo municipal defiende a Villarreal
Un día después de dejar sus responsabilidades como delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, el concejal Francisco Villarreal (Partido Popular), entregó también su acta de concejal a petición de la alcaldesa de Cádiz y presidenta regional del PP, Teófila Martínez. La también candidata popular a la Junta de Andalucía convocó con urgencia a los medios en la tarde de ayer sin especificar el motivo de la conferencia de prensa, leyó íntegramente su intervención y se marchó sin responder a ninguna pregunta de los periodistas. A su lado estuvo Antonio Sanz, secretario general del PP andaluz, quien cree que con esta renuncia "se acaban las excusas" para que el PSOE intente tapar el caso Sanlúcar.
La renuncia de Villarreal a su acta de concejal y como vicesecretario provincial de Organización del PP, solicitada por Teófila Martínez, tiene un doble objetivo: evitar que el PSOE intente "mitigar el impacto que ha tenido y va a seguir teniendo los graves hechos de Sanlúcar" y sortear que se le utilice "como escudo contra el PP de Cádiz", contra la alcaldesa y "contra el equipo de gobierno del PP", explicó Martínez. En todo caso, la alcaldesa sí enfatizó el hecho de que las irregularidades que se imputan a Villarreal ocurrieron "antes de tener responsabilidades políticas" y lamentó que el PSOE haya tratado "de lincharle, personal, política y socialmente".Villarreal utilizó fondos de la asociación dedicada a la atención de personas con minusvalía psíquicas Afanas para adelantar la compra de muebles y otros objetos particulares por un valor de hasta 700.000 pesetas. Se trata de un sistema inusual, según el comité de empresa, aunque el concejal sostiene que otros trabajadores también lo han empleado. Además, la intervención de la contabilidad de Afanas de Cádiz por parte de la Junta de Andalucía ha demostrado que el edil mintió cuando sostuvo que reintegraba las cantidades a cuenta a través de su nómina y desveló que Villarreal percibió dos sueldos a la vez los meses de julio y agosto pasados: su nómina como docente del centro (196.000) y su sueldo como concejal liberado (280.000), lo que constituye una práctica ilegal.
Cantidades adeudadas
El ex director del centro se ha marchado sin explicar cómo pensaba devolver las cantidades adeudadas, aunque sí ha anunciado la presentación de hasta tres querellas: contra Fernando Álvarez, un portavoz de Afanas; contra la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, María de la O Jiménez; y contra Prudencia Rebollo, delegada provincial de Asuntos Sociales. El Ayuntamiento también se reserva medidas "contundentes" si los tribunales dan la razón a su ya ex edil.
A renglón seguido de anunciar la renuncia de Villarreal, Antonio Sanz, enfiló el caso Sanlúcar, y lo hizo con una severa advertencia: "Ha llegado el momento de exigirle a Chaves que aclare situaciones. Por qué su negativa a la comisión de investigación, por qué su negativa a preguntas orales en el Parlamento. Tanto en cuanto Chaves no explique de dónde y por qué salen los 50 millones de pesetas, para nosotros es como si hubieran salido de las arcas del PSOE". El secretario general del PP arrojó dudas sobre otros dirigentes del PSOE: "¿Quién aclara que el señor Chaves no conocía los hechos?; ¿quién aclara si [Alfonso] Perales no era quien promovía los hechos como secretario de política municipal?; ¿quién le aclara si Perales o [Luis] Pizarro [secretario de Organización del PSOE andaluz] no eran los promotores de la operación mafiosa de compra de un concejal?". Las acusaciones de Sanz, que fueron creciendo por minuto, concluyeron con otra advertencia: "A lo mejor Chaves se puede estar convirtiendo en un mero encubridor y cómplice de arropar a presuntos delincuentes y esa es una actitud que no merecen los andaluces de quien es su máximo representante".
Pizarro respondió ayer: "Es un intento habitual del PP de criminalizar a los dirigentes del PSOE cuando son ellos los que se ven obligados a dar explicaciones", y añadió: "Es la historia de alguien que ha ido de cacería y ha sido cazado". El dirigente socialista aseguró: "Nos hemos personado en el caso y llegaremos hasta el final". Los socialistas también han comenzado a deslizar otra posibilidad respecto al caso Sanlúcar: la de la inducción del delito por el PP. Sanz fue ayer tajante: "Aquellos que pretendan darle la vuelta a los hechos van a tener una querella inmediata del PP", dijo, "porque a ver si García Raposo y Cuevas eran de Coalición Canaria y no del PSOE".
Los populares dicen que los informes de la Junta sobre Afanas son "tendenciosos"
Horas antes de que la presidenta regional del PP y alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, pidiera públicamente la renuncia del concejal, el teniente de alcalde de Hacienda, José Blas Fernández, salía en defensa de Francisco Villarreal, de quien aseguró había sido utilizado como "cabeza de turco" para solapar el caso Sanlúcar, al tiempo que arrojó dudas sobre diversos aspectos del asunto.José Blas Fernández contradijo, de esta manera, la aseveración del PP de que no volvería a opinar sobre este caso. "El juez será el que garantice las cuentas, y no dos inspectores tendenciosos de la Junta de Andalucía", dijo el concejal de Hacienda.
Tres inspectores de la delegación de Asuntos Sociales -que junto a otras dos consejerías concede subvenciones por valor de 300 millones de pesetas anuales al centro- intervinieron esta semana la contabilidad de la organización al temer la existencia de irregularidades contables.
La primera conclusión es que Villarreal llegó a adeudar más de 700.000 pesetas y que, en ningún caso, las devolvía a través de su nómina como había asegurado ante los medios. Tampoco está acreditado ni cuánto dinero debe en la actualidad, cómo pensaba pagarlo ni quién le autorizó "verbalmente" a adquirir muebles y remitir las facturas a Afanas.
Del informe se ha inferido igualmente que el edil popular y vicesecretario de organización provincial del Partido Popular cobró ilegalmente y a la vez dos nóminas durante los meses de julio y agosto: el sueldo como docente (196.000 pesetas) y la paga como concejal liberado del equipo de gobierno (280.000 pesetas).
Nada dijo Fernández respecto a esta duplicidad de cobro de sueldos. Trasladó la responsabilidad de aclararlo a la justicia y explicó su visión del asunto: "Ha sido utilizado como cabeza de turco para tapar otras porquerías como la de Sanlúcar y eso es de canallas políticos: tildar (sic) a personas para tapar situaciones".
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