La Audiencia Nacional aduce que los fondos de Interior eran para escoltas

La Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional y el magistrado del Supremo y ex fiscal general del Estado Carlos Granados salieron ayer al paso de las acusaciones formuladas por el abogado Jorge Argote, quien afirmó que jueces y fiscales cobraron de los fondos reservados del Ministerio del Interior. Tanto la Audiencia Nacional como Granados explicaron que el dinero estaba destinado a gastos de escoltas y a la Policía Judicial, que dependía de Interior. Añadieron que existen justificantes de todo.

En el recurso presentado por Argote contra el auto de la juez Carmen Valcarce que le imputa a él mismo y a la cúpula del Ministerio del Interior de los dos primeros gobiernos del PSOE por apropiación de fondos de ese ministerio hasta 1993, éste aportó 7 documentos que reflejan supuestos pagos de la Secretaría de Estado para la Seguridad a jueces, fiscales y abogados.Entre los documentos figuran dos con el sello de la Secretaría de Gobierno y la Presidencia de la Audiencia Nacional, otro firmado por el ex fiscal del Estado para atender a gastos de las comisiones provinciales de coordinación de la Policía Judicial, y tres del fiscal Ignacio Gordillo, entre otros. Argote, que fue abogado del Ministerio del Interior y está imputado por haber cobrado de los fondos reservados sus minutas como defensor de policías y guardias civiles, hacía constar que los documentos le llegaron por correo en un sobre sin remitente.

La Secretaría de Gobierno de la Audiencia hizo público un comunicado en el que señalaba que "a partir de la muerte de la fiscal Carmen Tagle [asesinada por ETA en septiembre de 1991] y como consecuencia de la implantación de un nuevo y más completo sistema de escoltas para la protección de fiscales y magistrados, empezó a recibirse dinero de la Secretaría de Estado de la Seguridad del Estado (dependiente de Interior) para indemnizar a los escoltas por los gastos que tenían que hacer para el cumplimiento de su función (comidas, desplazamientos y hoteles) con objeto de que el funcionario de la policía no sufriera ningún quebranto económico por su trabajo, dado que las dietas que percibían no eran suficientes".

Fuentes de la Audiencia precisaron que el dinero procedía de Interior, y que era para los policías, que también dependían de Interior, sin que en la Audiencia se supiera de qué partida procedían. "Aquí sólo nos encargábamos de controlar el gasto y así se hizo, y todavía se conservan las anotaciones contables, las facturas, recibos y justificantes respectivos", precisaron esas fuentes. "Por lo tanto, ningún magistrado, fiscal o funcionario de esta Audiencia Nacional ha sido el destinatario de ese dinero", especifica el comunicado, que agrega que la operación finalizó en julio de 1995.

Por su parte, el magistrado del Supremo Carlos Granados manifestó ayer que Interior se encargaba de sufragar los gastos de funcionamiento de la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial, de la que él fue secretario entre 1987 y 1992, y que todos los abonos realizados por dicha comisión están perfectamente documentados. "Desconozco la partida de Interior de la que procedían dichos abonos", dijo Granados, "pero ni una sola peseta de esas entregas dejó de ser ingresada en la cuenta que tenía abierta la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial".

Por su parte, el fiscal Gordillo dijo que en los 19 años que lleva en la Audiencia ni él ni otros fiscales han recibido cantidad alguna de los fondos reservados. Entre 1993 y 1994 fiscales y jueces viajaron a diversas capitales a dar conferencias a la Policía Judicial a petición de Interior. "Se cobraban 60.000 pesetas en metálico por cada conferencia y se firmaba un recibí. Todas se declararon, aunque desconozco la partida de la que salieron los fondos. Imagino que sería formación".