Amparo judicial

EL CONSEJO General del Poder Judicial (CGPJ), cuya tarea principal es velar por la independencia de los jueces, no podía quedar callado ante la campaña denigratoria, personal y profesional lanzada desde los medios más cercanos al Gobierno contra los dos magistrados de la Sala Segunda del Supremo que pusieron su firma al pie de la sentencia condenatoria del juez Gómez de Liaño por un delito continuado de prevaricación. En una durísima declaración institucional, el máximo órgano de la magistratura considera que esas descalificaciones y juicios de intenciones, propaladas desde determinadas tribunas periodísticas (fundamentalmente El Mundo y la Cope), no sólo atentan al honor de los magistrados en cuestión, sino que suponen una deslegitimación de la actuación de los tribunales y un cuestionamiento de su independencia. Y que nada tienen que ver con lo que constituye la crítica legítima a una resolución judicial.La declaración institucional contó con el apoyo del presidente, Javier Delgado, y 15 de los 20 vocales del Consejo. Votaron en contra cuatro vocales propuestos en su día por el PP y el que fue designado a instancia del PNV. Más allá de su ubicación ideológica, vale la pena resaltar la inconsistencia de las razones alegadas para no desautorizar lo que la mayoría de sus compañeros juzgan una delegitimación de la justicia y un atentado a su independencia. Una de ellas fue que los dos magistrados injuriados hasta la náusea han aguantado el griterío injurioso sin pedir amparo al CGPJ. ¿Dónde está escrito que éste tenga que esperar a la llamada de la víctima, y más en un caso en que la agresión tiene lugar a la vista de todos, para acudir en su socorro y prestarle el apoyo institucional que necesita? Más que una razón es un pretexto. Como lo es decir que el magistrado del Sala Segunda del Supremo que firmó el voto particular contra la condena de Gómez de Liaño "también había recibido muchos insultos". ¿Dónde están? Y si así fuera, merecería idéntico amparo. De lo que se trataba en este caso era de amparar institucionalmente a un tribunal frente a la infame persecución desatada por una sentencia impecablemente argumentada.

Que se trataba de eso lo han visto claro las asociaciones judiciales, que han dado su apoyo a la declaración institucional del Consejo. No es necesario, como ha propuesto alguna de ellas, reintroducir el delito de desacato en el Código Penal para proteger al juez de la denigración. Lo que cabía exigir es que el Consejo acudiera, como lo ha hecho, en ayuda de unos magistrados vituperados por el solo hecho de aplicar la ley al prevaricador Liaño.