La ley prevé dos recursos a la decisión de Jack Straw
La ley británica de extradición prevé que el ministro del Interior, tras el fallo de los recursos ante el Alto Tribunal de Justicia y la Cámara de los Lores, tiene el poder de resolver si una persona, en este caso Augusto Pinochet, debe ser entregado a España o puesta en libertad. La ley dice que el ministro pedirá, al recibir el asunto, alegaciones a las partes y adoptará su decisión. La misma -sea a favor de la entrega o en contra- es susceptible de ser recurrida ante el propio ministro y, si éste se reafirma, ante el Alto Tribunal de Justicia.
El mecanismo previsto es el llamado judicial review, un recurso ante el Alto Tribunal por errores en la aplicación de la ley. El Alto Tribunal debe autorizar dicho recurso una vez conocidas las alegaciones y es quien decide si el mismo, por ejemplo, paraliza o no la resolución del ministro del Interior.
La Fiscalía británica señaló al juez Baltasar Garzón, el pasado 7 de octubre, que si Pinochet decide no apelar contra la sentencia que concede su extradición e invoca razones humanitarias ante el ministro Jack Straw, habría que considerar cuidadosamente las alegaciones a realizar ante el titular de Interior.
La Fiscalía, en un análisis téorico de los escenarios, decía que si el ministro rechazaba la entrega de Pinochet a España sería necesario tener decidido si se ha de presentar un recurso de revisión judicial.
El juez Garzón ha instruido para presentar los recursos necesarios a fin de lograr la extradición.
Por ello, sostienen fuentes judiciales, el Gobierno español, a través del ministro de Exteriores, Abel Matutes, desautoriza al juez al insistir en que no se presentará la revisión judicial.
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