Bruselas anula el veto del Gobierno portugués a la alianza entre el BSCH y Champalimaud

La Comisión Europea emitió ayer una solemne declaración por la que considera ilegal el veto del Gobierno de Portugal a la alianza entre el español BSCH y el grupo financiero Champalimaud. Ese veto, dice la Comisión, "no protege ningún interés legítimo". La declaración se suma al dictamen motivado que abrió la semana pasada la segunda fase del procedimiento de infracción. Y es completamente insólita, pues Bruselas suele contentarse con el dictamen motivado. El principal efecto de la declaración es que apoya cualquier reclamación judicial de los afectados.

Además de esta decisión, la Comisión ha redactado un segundo dictamen motivado, esta vez por infracción, no ya de las normas de competencia, sino también de las que regulan el mercado interior europeo.La declaración da cuenta del nivel de irritación contra Portugal que atenaza a la Comisión por este asunto, y particularmente al normalmente muy sosegado comisario de la Competencia, Mario Monti.

Los efectos prácticos del texto estriban, según un portavoz, en que si cualquiera de las dos partes afectadas -el Banco de Santander o el grupo Champalimaud- optan por recurrir contra Lisboa ante los tribunales, dispondrán de una importante baza de apoyo. El dictamen permite legalmente a los tribunales portugueses ignorar el veto de Lisboa. Al mismo tiempo, la declaración supone la luz verde jurídica definitiva de Bruselas para que ambos procedan a la alianza que pretendían, aunque el Gobierno portugués se lo impida de facto.

El veto portugués "atenta contra el derecho comunitario de la competencia", sostiene Monti. "Las razones que presuntamente justifican los reiterados intentos de Portugal de hacer fracasar la operación carecen de fundamento jurídico o fáctico", insiste. La decisión ahora adoptada, concluye, "es de vital importancia, pues los tribunales nacionales portugueses estarán ahora en condiciones de desestimar cualquier medida nacional [como la de veto que se dictó el 18 de junio] que se oponga a esta operación".

La Comisión considera que el veto portugués conculca el reglamento comunitario que regula las concentraciones porque, entre otras, actuó con objeto de "proteger intereses que no pueden considerarse legítimos".

Al mismo tiempo, la Comisión aprobó ayer el inicio de la segunda fase del procedimiento de infracción por violación de las normas del Mercado Interior, a iniciativa del comisario sectorial, el holandés Frits Bolkenstein. Éste entiende que el veto conculca la libertad de establecimiento que está en la base del mercado único y, además, que las medidas que ha adoptado Lisboa para impedir la operación resultan "desproporcionadas". Las razones principales de Bruselas para llegar a estas conclusiones son las siguientes:

- Rapidez. La decisión de Lisboa oponiéndose al acuerdo entre los dos grupos fue adoptada en tan sólo 24 horas después de que éstos notificasen el acuerdo al ministro portugués.

- Impedimentos. A los protagonistas de la operación se les ha impedido la posibilidad de proporcionar informaciones complementarias sobre su operación, e incluso la de mantener un profundo intercambio de opiniones.

- Motivación. Las razones del veto basadas en el derecho prudencial portugués no fueron comunicadas en su totalidad a las partes.

- Interés nacional. La intervención de Lisboa mediante el veto se fundamenta en la defensa de un interés económico nacional o estratégico, que en este caso está fuera de lugar, porque la función del derecho prudencial consiste en "garantizar una gestión sana y prudente" y no en defender intereses nacionales.

- Sin control jurisdiccional. La suspensión de los derechos de voto en el grupo Champalimaud adoptadas por Lisboa es una medida "desproporcionada", que escapa al control jurisdiccional.