La Asamblea venezolana debate una nueva Constitución que permite reelegir a Chávez

En unas maratonianas sesiones que se prolongarán hasta noviembre, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela empezó ayer a debatir el polémico proyecto de la nueva Constitución, que tiene 432 artículos. El texto crea nuevos poderes del Estado y determina que cualquier cargo político electo, incluido el presidente, puede ser destituido por votación popular. Mientras, las organizaciones políticas preparan sus baterías para impedir la relegitimación del presidente Hugo Chávez e iniciar una larga carrera electoral, cuyo calendario depende en exclusiva de Chávez.

En el actual proyecto constitucional existen una docena de reformas polémicas, como la concentración de poder en la figura del presidente, al entregarle la facultad de convocar una Asamblea Constitucional, o decidir los ascensos militares, algo que antes estaba en manos del Senado. Otro cambio sustancial y que ha generado muchas críticas es la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años, y la posibilidad de presentarse a una reelección (prohibido por la difunta Constitución de 1961).Pero el proyecto de la Constituyente no se conforma con esto. Permite la "revocatoria del mandato [destitución]" de cualquier cargo electo, incluido el presidente, mediante una consulta popular convocada por el Parlamento; un Parlamento que, si el texto es aprobado, podría llamarse Asamblea, sería bicameral, con un Consejo de Diputados y Consejo Federal (antiguo Senado). El texto prevé reformas profundas de dos poderes -el Legislativo y el Presidencial- y la creación de otros dos nuevos: el Ciudadano -"para investigar y sancionar hechos contra la ética pública y moral administrativa"- y el Electoral. Además, el proyecto establece la autorización a los militares para votar y la unificación de las Fuerzas Armadas en una sola entidad. Las críticas también recaen sobre la propuesta de crear un Consejo de Gobierno del Distrito Capital, fusionando seis municipios del área metropolitana de Caracas.

El borrador constitucional tenía inicialmente 1.500 artículos que fueron reducidos a 432; aún así, la nueva Carta Magna puede batir un récord, pues la mayoría de las Constituciones latinoamericanas no pasan de 200 especificaciones jurídicas. El voluminoso proyecto ocupa dos tomos y ha generado diversas críticas, incluso del presidente de la comisión constitucional, Hermánn Escarrá, que ha propuesto reducir el tamaño del texto para evitar que se convierta en "una carcajada internacional". Escarrá explicó que "la intolerable progresión aritmética generó un documento de 976 normas" contenidas en más de 400 artículos. Las 21 comisiones encargadas han reducido la redacción en un 30%.

A pesar de las discrepancias internas, la Asamblea inició la ronda de discusiones dando un derecho de palabra de apenas cinco minutos a cada uno de sus 131 miembros, 120 oficialistas. El proceso podría concluir en noviembre, dando paso a un periodo de 30 días para la divulgación de la nueva Carta Magna, previo a la convocatoria del referéndum para su aprobación. La duda es si se celebrará en diciembre o enero.

Si los votantes dan vida a esta Constitución, nacerá con un enemigo: los empresarios. El rango constitucional del último salario para el cálculo de las prestaciones sociales, que para los empresarios es volver a la retroactividad salarial superada, ha provocado enfados en la patronal Fedecámaras, que prevé despidos masivos si se aprueba.

Los constituyentes insisten en el asunto de la retroactividad salarial, pues lo consideran como una promesa formulada a los electores. Promesas que no son fáciles de cumplir. La prueba: hoy habrá una marcha del sector público, convocada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela, para reclamar el 20% de aumento salarial, que ofreció Chávez el 1 de mayo y que todavía no es efectivo.

La otra polémica es la inclusión del concepto de "información veraz" que los editores de los periódicos han repudiado -al igual que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) o Reporteros sin Fronteras-, que la ven como una amenaza a la libertad de expresión.

Nuevas elecciones

Mientras la Asamblea discute su proyecto constitucional, las organizaciones políticas se preparan para las elecciones generales que se celebrarán después de refrendarla. El presidente Chávez no ha decidido la fecha ni la fórmula para estos comicios, pero se estima que el proceso tomará los primeros cuatro meses del 2000.

La falta de calendario electoral no ha evitado que los partidos políticos sufran las primeras divisiones internas, como es el caso del Polo Patriótico, la alianza oficialista con la que Chávez ganó las elecciones en diciembre pasado. Su partido, el Movimiento V República, se presentará en solitario a las próximas elecciones, al igual que sus aliados. En cambio, los partidos tradicionales, como Acción Democrática y Copei, se han unido para apoyar sus propios candidatos en las diferentes provincias.