El fiscal indaga si un alcalde gallego del PP intentó vender una licencia de obras

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha abierto diligencias informativas tras recibir la denuncia de un grupo de vecinos de Teo (A Coruña) que acusa a su alcalde, Armando Blanco, del PP, y al asesor jurídico municipal de intentar vender una licencia de obras para construir un cementerio por siete millones de pesetas. Los denunciantes entregaron al fiscal una cinta magnetofónica de una conversación en la que supuestamente el regidor de Coristanco, otra localidad coruñesa, también del PP, traslada al constructor las exigencias económicas del Ayuntamiento de Teo.

Los hechos han sido denunciados a la fiscalía por José Piedra Vázquez, presidente del Patronato de Vecinos de Luou, que pretende construir un cementerio en el municipio de Teo, en los alrededores de Santiago. El propio ayuntamiento cedió a los vecinos, en 1995, los terrenos para construir el camposanto, encargó el proyecto técnico al arquitecto municipal y subvencionó al patronato con dos millones de pesetas.Sin embargo, una vez que los servicios sanitario y urbanístico de la Xunta ya habían autorizado la construcción, el alcalde, sin explicar los motivos, ignoró las reiteradas solicitudes del patronato para que le concediese la licencia municipal.

Los vecinos entendieron que les amparaba el silencio administrativo y, a finales de 1997, decidieron iniciar los trabajos, paralizados más tarde por orden del regidor.

La empresa adjudicataria de la obra, Travesías y Canalizaciones, SL, había invertido ya 30 millones de pesetas, que no recuperaría si el cementerio no seguía adelante. El gerente de la firma, José María Andrade, recurrió entonces a un viejo conocido, el alcalde de Coristanco, Antonio Pensado, para que tratase de convencer a su colega y compañero de partido.

El 11 de marzo de 1998, tras haber conversado supuestamente con Blanco y con el asesor jurídico del Ayuntamiento de Teo, Manuel Martín, Pensado recibió al constructor. De esa conversación existe una cinta grabada, que está en poder del patronato y de la que fueron entregadas copias al fiscal y a este periódico.

El interlocutor de Andrade le asegura que si quiere legalizar la obra tendrá que pagar siete millones de pesetas al abogado Martín. Ese dinero debería desembolsarse en dos plazos.

Deuda con el abogado

En el primero, el constructor sufragaría 2.300.000 pesetas correspondientes a una deuda que Martín le reclamaba por su intervención en un pleito a raíz de unas obras que el empresario había realizado anteriormente en Ames, otro municipio coruñés al que asesoraba el letrado.

Las 4.700.000 pesetas restantes les serían entregadas a una "persona de confianza" que las retendría hasta que Martín gestionase con el alcalde de Teo la concesión de la licencia, lo que se comprometía a hacer en el plazo de un mes.

En un momento de la conversación, el empresario se lamenta: "O sea, que hay comprarle la licencia a Armando Blanco". "No, no, no ... bueno, sí", responde su interlocutor, "tienes que comprarle la licencia al asesor de Armando Blanco, que es distinto, eh". "¿Y Armando Blanco es cómplice por cuatro millones?", insiste el constructor. "Yo aún creí que te iban a pedir más", contesta el otro, quien en otro momento llega a decir: "Esto es una mafia".

Consultado por este periódico, el alcalde de Coristanco se limitó a contestar: "No quiero hablar de ese tema, ni ahora ni jamás".

Por su parte, Blanco calificó de "broma" las acusaciones y no explicó los motivos por los que había denegado la licencia para el cementerio, ya que, asegura, en ese asunto se dejó aconsejar por los técnicos municipales. "Ese patronato ha emprendido una persecución contra mí", declaró el alcalde de Teo, "ya me han puesto dos querellas y han perdido las dos".

El abogado Martín reconoce haber conversado con el regidor de Coristanco pero sólo para pedirle que recordase a su amigo constructor que le debía más de dos millones. "Ahora mismo es imposible dar esa licencia porque el asunto está en los tribunales contencioso-administrativos", comentó el asesor jurídico, "por lo tanto, sería absurdo que yo hubiese pedido tal cosa".