Grand Tibidabo presenta la quiebra en los juzgados de Barcelona

La amenaza de quiebra que perseguía a Grand Tibidabo desde que la gestionó Javier de la Rosa se materializó ayer cuando los responsables de la sociedad presentaron en los juzgados un expediente de quiebra voluntaria. La quiebra suspende la junta de accionistas prevista para mañana y deja la compañía al borde de la desaparición. La sociedad, por cuya descapitalización la fiscalía pide 13 años y 9 meses de prisión para De la Rosa, acumula unas deudas de 5.000 millones y unas pérdidas de 4.300 millones.

Pese a la situación de liquidación que parece cernirse sobre la empresa, fuentes de Grand Tibidabo afirmaron ayer que se apuesta por la continuidad de la compañía. La estadística demuestra, sin embargo, que muy pocas veces las situaciones de quiebra sirven para que la empresa renazca. La Comisión Nacional del Mercado de Valores suspendió ayer la cotización en Bolsa de esta sociedad.La delicada situación financiera de la empresa ha supuesto para los pequeños accionistas de Grand Tibidabo una hemorragia permanente de pérdidas, con más de 20.000 millones desde 1994. La aplastante mayoría de estos inversores procede de la antigua sociedad CNL, en la que De las Rosa desembarcó en 1992. Eran aquellos tiempos gloriosos en los que los recursos de la sociedad superaban ampliamente los 30.000 millones de pesetas. Después de dos años de gestión de De la Rosa afloraron las primeras pérdidas de más de 10.000 millones. A partir de ahí todo fue ir sumando pérdidas y reduciendo los recursos propios para compensarlas.

La quiebra planteada ayer ante el juzgado se justifica porque las pérdidas acumuladas desde la última reducción de capital suman 4.300 millones y las deudas 5.236 millones, más 1.032 millones a corto plazo, se comen los recursos propios, que suman 6.236 millones.

Intereses de los accionistas

El presidente de la sociedad, Francesc Xavier Pintó, a quien algunos accionistas han criticado por sus pactos con Javier de la Rosda, dijo ayer que la decisión de la quiebra ha sido tomada por "unanimidad de todo el Consejo de Administración". "Debíamos pasar el capital de 6.300 millones a 1.900", para compensar las fuertes pérdidas acumuladas, dijo Pintó.

"En caso contrario, la compañía debía disolverse, y para evitar su disolución, hemos presentado una quiebra voluntaria, que es técnica, que es el procedimiento más rápido y contundente, para garantizar la continuidad, los intereses de los accionistas y de los acreedores. Es una medida cautelar para salvaguardar los activos de la compañía", añadió el presidente.

Otro de los problemas de la empresa es la imposibilidad de utilizar los activos cedidos por De la Rosa a cambio de la cancelación de sus deudas con Grand Tibidabo. Un pacto que ha sido muy criticado por los pequeños accionistas pero que es inoperativo debido al embargo de los bienes dictado primero por el juzgado número 1 de Barcelona, que investiga la descapitalización de la sociedad, y después por la Audiencia Nacional.

Se trata del 21,57% de las acciones de la empresa, el yate del financiero Blue Legend, uno de los símbolos de la época dorada del financiero y cuyo valor se ha ido depreciando con el paso del tiempo y diversos créditos contra terceros. Un juzgado de Barcelona investiga la posible sobrevaloración de esos bienes.

El presidente de Grand Tibidabo dijo que "la quiebra no afecta ni al Parque de Atracciones del Tibidabo (PATSA) ni a la compañía de juguetería Diset, sino sólo a la holding Grand Tibidabo".

El consejo de adminisitración de la empresa está formado por el propio Pintó, Rafael Espino, responsable de Cartera GT, María Rosa Tejedo, presidente de ADFPA (Asociación para la Defensa del Pequeño Accionista) y Javier Goicoechea. Isabel Craswell, en nombre de la familia Sánchez Bella, había dimitido del consejo, aunque posee el 10,5% de las acciones.