La juez de vigilancia recibe el aplauso de sus compañeros

La Junta de Jueces de Vigilancia Penitenciaria de Madrid salió ayer en defensa de la magistrada que el 6 de octubre rechazó la petición del fiscal de revocar (por las amenazas que sufría una mujer) la libertad condicional a Luis Patricio Andrés, condenado a 12 años de cárcel por un asesinato frustrado (disparó cuatro tiros a una embarazada). Una semana después de esta decisión, Luis Patricio mató a la mujer de dos puñaladas. La citada junta, pese a las críticas recibidas por la juez, destacó la "labor profesional" de su compañera y subrayó que ésta se había "limitado a aplicar las leyes". Y es que en interpretación de la Junta ni las múltiples denuncias que la mujer había presentado contra él por amenazas, ni la intervención de la fiscalía, sirven a un juez a la hora de revocar la libertad condicional. En esta línea, los jueces penitenciarios madrileños sostienen que la única posibilidad de retirar este beneficio penitenciario es que el supuesto delito sea certificado con una sentencia firme. Una interpretación restrictiva que también mantiene Jueces para la Democracia y que choca con la fiscalía y el resto de asociaciones de magistrados en casos de malos tratos. "La respuesta de la junta es corporativa. En el caso de Mar Herrero hemos fracasado y todos hemos de sentarnos a buscar soluciones. La lectura que hacen los jueces de vigilancia penitencia es razonada, pero no razonable. Reconoce que un ciudadano puede ir a prisión preventiva porque haya indicios racionales de delito, sin que haga falta sentencia, pero no admite lo mismo con un condenado en libertad provisional. Eso es un absurdo", afirmó el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo.

La presidenta de Mujeres Juristas Themis, María Durán, subrayó que la ley "no tiene lagunas" en este sentido y anunció que se personará en el caso y que estudia emprender acciones contra la juez de vigilancia.