El juez exculpa a dos ediles de Barcelona de prevaricar por una concesión directa

El magistrado Adolfo Fernández Oubiña acordó ayer la exculpación de los concejales del Ayuntamiento de Barcelona Albert Batlle y Carme San Miguel en las diligencias abiertas para investigar la adjudicación directa del contrato de limpieza de los vehículos de la Guardia Urbana. El juez afirma que en las investigaciones realizadas no aparecen datos sobre una actuación delictiva, ni de Batlle, concejal del distrito de Horta-Guinardó en donde se instaló la empresa beneficiaria, ni de San Miguel, presidenta de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, SA, que realizó la concesión directa a la sociedad Our Company, SL. Los dos concejales fueron inculpados formalmente por supuesta prevaricación el pasado 28 de julio.Además de los dos concejales, el juez también exculpa a otros cuatro altos cargos municipales que intervinieron en el proceso de adjudicación, mientras que, por el contrario, ordena que continúe la tramitación del caso para otras cinco personas y que se informe al fiscal para que se pronuncie. Los cinco inculpados son: Delfín Carod Felipe y Alfredo Morales, ambos directivos de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios; Enric Torrelles, jefe del servicio de inspección del distrito de Horta-Guinardó; Joan Soler Serratosa, el técnico que realizó la propuesta para la contratación directa, y Alberto Formatger Barreras, el gerente de Our Company.

El juez asegura en un auto notificado ayer que Formatger elaboró "documentos falsos, tanto en su génesis como en su contenido" y que fueron utilizados para que Soler autorizase la concesión y de esa forma culminar "la prevaricación iniciada en el pacto con una empresa que elude los impuestos municipales".

La concesión directa, según el auto dictado por el juez en julio, permitió a la sociedad obtener en 1995 la exclusiva para el lavado de 135 vehículos de la Guardia Urbana. A cambio, el Ayuntamiento pagó 21.000 pesetas anuales por automóvil más otras 11.000 pesetas por lavado. En aquella resolución el juez censuró con gran dureza la actuación de los concejales. El consistorio aseguró entonces que el proceso judicial respondía a un conflicto entre los socios de la compañía.