Sudupe desafía a Euskal Herritarrok a que pruebe que la Diputación margina a los ayuntamientos en que gobierna

El diputado general de Guipúzcoa, Román Sudupe, desafió ayer a Euskal Herritarrok a que presente pruebas que demuestren su acusación de que el Ejecutivo foral está marginando presupuestariamente a los ayuntamientos gobernados por la formación radical. Sudupe se defendía así de las críticas vertidas por miembros de EH de la comarca de Tolosaldea, que aseguraron la Diputación daba un trato discriminatorio a esas corporaciones.Sudupe afirmó: "Me sometería gustoso" a un debate en el marco de las Juntas Generales pues es éste el "único órgano que tiene capacidad para controlar a la Diputación". El diputado general se opuso a entablar un debate público con los representantes de EH porque, a su juicio, esa discusión debe celebrarse en las Juntas Generales.

Los cargos locales de Tolosa por EH se quejaron de que la Diputación niega inversiones a los pequeños municipios regidos por los radicales, a lo que Sudupe replicó ayer: "Ya sabemos quiénes son las víctimas", en referencia a "una familia que se ha quedado sin domicilio, Pilar Zubiarrain y un concejal de Gaztelu, a quienes quemaron sus coches particulares".

Por otro lado, el PNV de Guipúzcoa mostró ayer su disposición a reanudar las conversaciones con EH con el fin de restablecer un clima de convivencia entre ambas formaciones en Tolosaldea. Los nacionalistas moderados expondrán en esa reunión pruebas sobre las "prácticas irregulares" que mantiene la formación abertzale en su gestión en ayuntamientos como Gaztelu, Belauntza y Leaburu según confirmaron a la agencia Europa Press fuentes de la dirección guipuzcoana del PNV.

El PNV sostiene que un informe del Tribunal Vasco de Cuentes halló irregularidades en la gestión de la casa de cultura de Gaztelu, cuyo presupuesto en 1995, cuando gobernaba HB, superaba al del propio Ayuntamiento. En Belauntza, tiene constancia de que se permitió construir en terrenos sin calificación para urbanizar y que los propietarios de estas viviendas fueron "obligados a empadronarse" sin estar en posesión del permiso de habitabilidad.