El fiscal pide seis años de cárcel para un empresario por verter aguas cancerígenas

El juicio contra Martín Cucurella Cruixent, director industrial de la empresa Resinas Sintéticas, SA (Resisa), y Albert Montané March, jefe del departamento de Medio Ambiente de la compañía, comenzó ayer en la Audiencia de Barcelona. El fiscal les acusa de un delito ecológico supuestamente cometido entre 1990 y 1994 al verter al río Tordera aguas muy contaminantes que contenían dioxanos, sustancias cuyos derivados tienen efectos cancerígenos. En sus conclusiones provisionales el fiscal solicita seis años de cárcel para Cucurella y dos para Montané, además de multas de seis y 7,5 millones de pesetas.Según el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio, los vertidos contaminaron gravemente los acuíferos del río Tordera "desde Sant Celoni hasta el mar Mediterráneo" y resultó afectado el abastecimiento de agua potable de 15 municipios de la Selva y el Maresme en los que viven medio millón de personas.

Algunas de estas poblaciones, como Blanes, tuvieron que cambiar todo el sistema de depuración al quedar infectado por las aguas contaminantes. Por ese motivo, el Ayuntamiento de Blanes comparece en la causa como acusación particular, al igual que el de Sant Celoni, y solicita de los acusados una indemnización de 800 millones de pesetas. La coalición Iniciativa per Catalunya-Verds ejerce la acción popular.

Durante su declaración ante el tribunal, Cucurella exculpó a Montané y culpó al Ayuntamiento de Sant Celoni de no construir una incineradora para tratar las aguas industriales de la empresa, dedicada a la fabricación de resinas. Cucurella explicó también que, tras detectarse la contaminación de las aguas, la empresa, situada en Sant Celoni, incineró entre 1990 y marzo de 1995 más de mil toneladas de agua para eliminar los metales.

El fiscal asegura que durante el día la empresa vertía un litro de agua contaminada por segundo, y cinco durante la noche. A esas horas, para amortiguar el sonido del caudal, se colocaba un recipiente bajo la tubería. El fiscal asegura también que la empresa desobedeció los requerimientos para que cesara en los vertidos contaminantes y la prohibición expresa de que siguiera realizándolos. El juicio quedará hoy visto para sentencia.