Aznar ordena a los presidentes del PP que rechacen el debate autonómico en el Senado

José María Aznar ha ordenado a los presidentes autonómicos del PP que se opongan a la celebración del debate sobre el estado de las autonomías. El PSOE ofreció al PP celebrarlo en el Senado tras las elecciones catalanas y antes de la convocatoria de las generales. Pero Aznar no quiere enfrentarse a los seis presidentes autonómicos socialistas ni a los nacionalistas en fechas próximas a los comicios. Sólo estaría dispuesto si el debate se limitara a la cooperación autonómica. El último debate sobre el estado de las autonomías tuvo lugar en marzo de 1997.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, ha sido el primero de los barones del PP en seguir la consigna de Aznar y oponerse a la celebración del debate sobre el estado de las autonomías en el Senado, tal y como está concebido: antes de las elecciones generales y sobre la política autonómica del Gobierno. Sólo lo admitiría quitándole el hierro de anteriores debates en los que predominó la confrontación entre los presidentes autonómicos y el Ejecutivo.El debate sobre el estado de las autonomías lo convoca el presidente del Senado. En 1994, la Cámara alta acordó que tuviera lugar anualmente, pero no con carácter obligatorio. Desde que el PP gobierna sólo se ha celebrado uno, en marzo de 1997, y dejó mal sabor de boca a Aznar. Los tres presidentes autonómicos del PSOE y el de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, arremetieron contra la política autonómica del Gobierno y este último planteó por vez primera su propuesta de "soberanía compartida".

Aznar y su equipo temen que la celebración de este debate, tras las elecciones catalanas, como ha propuesto el PSOE, propine un revolcón al Gobierno, pues el presidente tendría enfrente no sólo a tres sino a seis presidentes autonómicos socialistas, cinco de ellos elegidos tras las elecciones de junio, y a unos presidentes nacionalistas -los de Euskadi y Canarias-, aleccionados, además, a la confrontación por la proximidad electoral. A éstos se añadiría el que salga elegido tras los comicios catalanes del domingo, previsiblemente nacionalista o socialista.

El portavoz del PP en el Senado y secretario de Política Autonómica del partido, Esteban González Pons, sólo admite el debate si se cambia el actual formato que, a su juicio, propicia la confrontación entre Gobierno y las autonomías. En una carta, enviada en septiembre al portavoz del PSOE, Juan José Laborda, argumentaba que, una vez completa la reforma de los estatutos autonómicos en las comunidades, "no tiene sentido un debate cuya única finalidad sea la política autonómica del Gobierno".

Añadía que, dado que numerosas competencias son compartidas entre la Administración central y las autonomías, el debate debería centrarse en "la política de cooperación" entre ellas y con los órganos centrales del Estado. También proponía reducir a una jornada el debate, que en su formato inicial dura tres.

Impulso a la reforma

Laborda, en su carta de respuesta, rechaza la propuesta de González Pons. Acepta que se agilice el debate sobre el estado de las autonomías, pero no admite que en dicho debate se eluda la discusión sobre la política autonómica del Gobierno. Mantiene que se celebre después de las catalanas y defiende, además, que, tras el debate, "el Senado apruebe una resolución que renueve el impulso reformador y defina las líneas de lo que debería ser su futura reforma".En este punto, también hay discrepancias pues mientras los socialistas tratan de aprovechar este debate para relanzar la ponencia de reforma constitucional del Senado, paralizada desde marzo de 1998, los populares eluden por ahora la reforma constitucional y pretenden limitarla a una reforma del reglamento de la Cámara que permita al Senado asumir nuevas funciones.

El PP tiene la sartén por el mango con su mayoría absoluta en el Senado, con lo que difícilmente habrá debate antes de las generales. Para Laborda, la actitud del PP confirma su "ejecutoria de toda la legislatura marcada por la paralización del Senado".

Recuerda que sólo ha habido un debate sobre el estado de las autonomías en cuatro años; que no ha funcionado la Comisión General de Comunidades Autónomas ni sus ponencias y que la de reforma constitucional está paralizada desde marzo de 1998. "Es una muestra de lo que sucede con las mayorías absolutas del PP", remacha.