Una centésima para la polémica

Muchos propietarios de vehículos se han encontrado con una desagradable sorpresa a la vuelta de las vacaciones, que es cuando los ayuntamientos suelen pasar al cobro el impuesto de circulación: tienen que pagar más del doble que el año pasado. Y todo por las centésimas, que han hecho su aparición en los tramos de la tasa municipal de vehículos. Las categorías fiscales para el cálculo de este gravamen fueron modificadas a principios de este año por la llamada ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. Hasta entonces existían cuatro tramos, según la potencia de los vehículos: de menos de ocho caballos fiscales, de 8 a 12 caballos, de 12 a 16, y de 16 caballos fiscales en adelante. El Gobierno, que establece para cada tramo una cuota mínima, que los ayuntamientos pueden incrementar mediante la aplicación de coeficientes, introdujo una nueva categoría, destinada a gravar los vehículos más potentes -de más de 20 caballos fiscales- pero aprovechó para modificar en una centésima los límites superiores de los tramos. Éstos son ahora cinco: de menos de 8 caballos fiscales, de 8 a 11,99, de 12 a 15,99 caballos, de 16 a 19,99 y de más de 20 caballos fiscales.Una centésima que obliga a cambiar de tramo a los propietarios de vehículos de 12 caballos fiscales, correspondientes a motores con cilindradas de entre 1.500 y 1.800 centímetros cúbicos. Y una centésima que afecta a muchos ciudadanos, puesto que afecta a los vehículos de tipo medio, que son los más numerosos en nuestras calles: los turismos de entre 8 y 16 caballos fiscales representan el 95,9% del parque en la ciudad de Valencia, con un total de casi 300.000 vehículos. Así, el ciudadano que conduce un coche de 12 caballos fiscales, que el año pasado pagó 7.890 pesetas por el impuesto de circulación, se ve obligado a pagar este año 16.760 pesetas, más del doble. En Alicante esa centésima supone pagar 17.836 pesetas, cuando un vehículo de esta categoría pagó el año pasado 7.718 pesetas.

Y eso que oficialmente el impuesto está congelado, porque los coeficientes que se aplican a cada tramo no han sido modificados en ninguna de las tres capitales valencianas, en las que gobierna el Partido Popular. Pero esa centésima supone un buen pellizco. El Ayuntamiento de Valencia tiene previsto recaudar este año por el impuesto de circulación 300 millones de pesetas más que en 1998.

A pesar de que la medida está vigente desde principios de año, la sorpresa se ha producido cuando ha llegado la hora de pagar. Las protestas no se han hecho esperar. Los ciudadanos se han agolpado en las ventanillas del Ayuntamiento de Valencia destinadas al cobro del impuesto. En Alicante, la UCE ha animado a los afectados a reclamar, incluso ha facilitado a los contribuyentes el formulario para recurrir ante el Ayuntamiento y unos 300 ciudadanos han reclamado por esta vía. Se escuda la UCE en una sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón a un ciudadano de Jaca (Huesca) que pleiteó contra su Ayuntamiento por aplicarle los decimales en la medición de la potencia fiscal de su vehículo. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón dio la razón al Ayuntamiento de Jaca, aunque el Supremo, en última instancia, anuló el fallo del TSJ y obligó al Consistorio oscense a devolver el dinero.

También la Federación Valenciana de Empresarios Transportistas (FVET) ha reclamado al Ayuntamiento de Valencia. Los empresarios piden que se aplique una bonificación del 25% del impuesto de vehículos de tracción mecánica a aquellos vehículos destinados al transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado supere las seis toneladas. Andrés Mira, secretario de esta organización empresarial, remitió la pasada semana a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, una carta en la que reclama la congelación de la tasa porque el "transporte profesional de mercancías es fundamental para el suministro a la capital valenciana". Mira destaca en su misiva la "discriminación" que, a su juicio, supone que el impuesto de vehículos "sea el único que escapa a la congelación anunciada en periodo electoral" y subraya la "tremenda incongruencia" que supone el pago de impuestos "sin los servicios compensatorios correspondientes" para el sector.