Las cesiones al PA condicionan los 100 días de Monteseirín en Sevilla

El Gobierno municipal de Sevilla producto del pacto entre PSOE y PA cumplió ayer 100 días. Un espacio de tiempo en el que suele predominar la prudencia, pero que ha venido marcado por la polémica y la contundente reprobación de la oposición (IU y PP). La llegada de un alcalde socialista, Alfredo Sánchez Monteseirín, parecía que iba a dar un giro a la política municipal. Sin embargo, "la lealtad institucional" a la que se ven obligados por el pacto con el PA ha generado contradicciones en la política del PSOE.

Comenzó un nuevo mandato del Ayuntamiento de Sevilla con 12 concejales socialistas y seis andalucistas en el Gobierno. El reparto fue bastante desigual y el PA se llevó las delegaciones que atienden el 70% de presupuesto en inversiones y la perla del Consistorio: la Gerencia de Urbanismo.La primera decisión fue subir los sueldos de los miembros del Gobierno alrededor de un 30%. Se desató un cataclismo político que trascendió las fronteras municipales y que obligó al secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, a tocar arrebato. No hubo más remedio que dar marcha atrás.

Poco después llegó la paralización de la construcción del edificio municipal de El Prado, diseñado por Rafael Moneo. Mientras PSOE y PA alegaban un ahorro de 5.000 millones de pesetas, el PP calificó la medida como "revanchismo político". Aún no se sabe cuánto costará las indemnizaciones al arquitecto y la constructora.

Los problemas continuaron con la Sociedad Municipal de Obras. Una idea andalucista para la unificación de las actuaciones de Emasesa, Urbanismo y Parques y Jardines. Sindicatos, patronal de la construcción y oposición se oponen en rotundo. De momento, el PSOE ha ofrecido un documento para alcanzar un posible consenso.

La principal crítica del PP e IU es la supuesta supeditación de los socialistas a las decisiones de sus socios del PA. Si en la campaña electoral el grito de guerra del PSOE fue el cambio radical de la política urbanística, la realidad del pacto les obligó a tragarse las acusaciones con el pretexto de la "lealtad institucional". Los socialistas apoyaron varias recalificaciones, lo que antes vituperaron, y votaron en contra de investigar a la Gerencia de Urbanismo, a pesar de que habían denunciado "oscuras actuaciones" en este organismo.

Otro de los caballos de batalla en las elecciones fueron las privatizaciones. El PSOE acusó al PP y PA, cuando eran socios municipales, de desbaratar los servicios municipales a través de la privatización. Sin embargo, el PSOE apoyó dos mociones del PA en las que se adjudicaban a empresas privadas el servicio de seguridad de un parque y la gestión de una piscina.