"Vendería la EMT por 100 pesetas si me ahorrara el gasto municipal"

Pedro Bujidos, concejal de Hacienda, ha sido elegido portavoz del Ayuntamiento para defender a los dirigentes del PP acusados por la Fiscalía Anticorrupción por la privatización de la funeraria, en 1992. El concejal de Salud, Simón Viñals; el de Patrimonio, Antonio Moreno; los ex ediles Venancio Mota y Ángel Larroca; el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, y el diputado regional y ex teniente de alcalde Luis María Huete deberán responder ante el Tribunal Superior de Justicia por la venta del 49% de las acciones de la funeraria municipal por 100 pesetas a una empresa, Funespaña, que posteriormente ha ganado con el negocio miles de millones de pesetas. El edil considera que el proceso fue mejorable pero que los altos cargos del PP "tienen una tranquilidad absoluta porque no han recibido ninguna retribución especial, ningún dinero oscuro por esta operación".Pregunta. Las dos privatizaciones que ha llevado a cabo el Ayuntamiento, la funeraria y el cobro de multas, han salido mal.

Respuesta. En el caso de las multas es cierto. En la funeraria, no. En el último pleno, los representantes del PSOE aseguraron que la Empresa Mixta de Servicios Funerarios vale ahora cerca de 40.000 millones. Si eso es así, se ha logrado que algo que hace siete años valía muy poco valga ahora mucho. Eso es un éxito.

P. Pero hubo fuertes inversiones, los informes preconizaban beneficios y el fiscal dice que se infravaloró la funeraria municipal para venderla a bajo precio.

R. Las empresas valen lo que se paga por ellas. Nada más. Los informes son sólo un dato. Lo que hay que ver es si se produjo la venta con transparencia y limpieza. Una de las claves es la de la condonación de una deuda de 2.275 millones que tenía la funeraria municipal con el Ayuntamiento.

P. Hablando de pagar la deuda, da la impresión de que el Ayuntamiento no se decide a cobrar esa deuda hasta que no se lo dice el Tribunal de Cuentas.

R. El alcalde manda una carta al Tribunal de Cuentas informándole de que el Ayuntamiento va a cobrar la deuda cuando desde la funeraria, ya privatizada, le dicen que van a pagar.

P. Es decir, el deudor decide cuándo devuelve el dinero.

R. No. Los representantes del Ayuntamiento representan el 51% de la funeraria. Y su consejo de administración decide devolver esos millones.

P. Con cinco años de retraso.

R. Sí. Porque Funespaña piensa que la deuda hay que devolverla cuando termine la concesión, en el 2015. Pero el 51% de los consejeros, los representantes del Ayuntamiento, entiende lo contrario.

P. Pero el interventor advirtió de que la deuda tenía que saldarla antes de la venta.

R. El interventor dijo que la deuda debía saldarse en aras de la clarificación de la empresa.

P. No. En aras de que se valore a la empresa en lo que vale.

R. En el fondo, han tenido que pagar la deuda porque los millones han quedado en reserva.

P. El fiscal sostiene que la condonación de la deuda sirvió para valorar a la baja la empresa. Y eso no se evita cuando deciden pagar tras el varapalo del Tribunal de Cuentas.

R. Yo no veo varapalo. Cuando el Tribunal de Cuentas quiere dar un varapalo abre expedientes de responsabilidad contable. Y el fiscal del Tribunal de Cuentas actúa para llevar las cosas ante el juez. Y aquí eso no ha pasado.

P. Al final, Funespaña ofreció 4.058 millones, pero no los pagó.

R. Es verdad que el Tribunal de Cuentas dijo: "Tenían que haber fijado un precio mínimo". Pues mire usted: eso es una interpretación. Lo que se buscaba era encontrar a alguien que solucionara un problema que existía. Y ese alguien ofrece 4.058 millones que luego son sólo 1.500, pero cuya oferta es mejor que la de la empresa B y la de la empresa C.

P. Pero es que al final se vendió por 100 pesetas.

R. No, perdón. Fueron 100 pesetas al principio, luego se ingresaron 200 millones. Y además cumplieron sus compromisos para agilizar la funeraria. Luego empiezan a ganar dinero, desde el primer momento. Y en las empresas en las que se gana dinero no suele haber problemas.

P. Así que no tuvieron que pagar todo el dinero que prometían porque empezaron a ganar dinero rápidamente.

R. Naturalmente, no tuvieron que aportar más dinero a la empresa porque las obligaciones a las que se comprometían venían condicionadas a que la empresa ganara dinero. Y como se gana dinero, el tema sigue adelante.

P.¿Los dirigentes imputados se han convertido en cadáveres políticos?

R. No. Están sorprendidos por el contenido de la querella. Sobre todo Echániz. El gran argumento del fiscal no tiene ningún sentido, se basa en que se le nombra consejero por la parte privada de la funeraria. Y eso no es verdad, porque se le nombra a petición del alcalde. En cuanto a los demás concejales, el tema entra en objeto de consideración.

P. El fiscal apunta signos de información privilegiada. Un día antes de que el pleno aprobara el pliego de condiciones de privatización de la funeraria, Funespaña acordaba en junta general comprar el 49% de sus acciones. Sorprende tal clarividencia de los socios de Funespaña para acertar con el porcentaje exacto que se iba a poner a la venta.

R. Ese dato no lo tengo. No creo que hayan hecho el acuerdo antes de la adjudicación. Pero no voy a hablar de Funespaña. No me importa qué hace Funespaña con su dinero, de dónde lo obtiene.

P. Pero sí debe importar de dónde obtiene Funespaña su información. Tenía acuerdos con el Ayuntamiento antes de la privatización.

R. No, vamos a ver: Funespaña se dedicaba ya a trasladar cadáveres. Y para eso se le proporciona información de la funeraria, para ver en qué medida podían trabajar con ella. El fiscal entiende que esto es información privilegidada. Yo no sé qué información podían tener las otras, pero los datos de Funespaña, creo, podían estar en manos de todo aquel que se manejase en los negocios funerarios: tarifas, servicios, inversiones.

P. Es decir, cualquiera de los concursantes pudo leer el detallado informe de valoración de la funeraria municipal con vistas a su privatización que realizó la auditora Maxwell-Espinosa como hicieron actuales directivos de Funespaña.

R. Desconozco lo que hayan tenido esos señores encima de la mesa, eso se discutirá en los tribunales. Pero me parece un principio elemental que todo aquel que oferte tenga muy claro en dónde se mete.

P. En la querella se apunta que en el pleno en que se inicia este asunto no se aprueba la privatización de la gestión, sino sólo la entrada de capital privado.

R. Eso lo dice al principio el Tribunal de Cuentas. Miren ustedes: la privatización se podía hacer de varias formas y se opta de una manera. Y el fiscal no ha hecho en este tema otra cosa que copiar todo lo que censuraba el Tribunal de Cuentas, al que nosotros alegamos. Y el Tribunal de Cuentas cambió su opinión.

P. Habla usted del informe final del Tribunal de Cuentas como si fuera completamente exculpatorio, y no lo es: concluyó que habían existido irregularidades.

R. Es verdad que hubo problemas, que se podría haber hecho de otra manera para evitar incidencias, naturalmente. Negar eso sería negar la evidencia. Pero lo que hay que saber es si se evitó la competencia o si se benefició a alguien. Nada más. Que debería haber sido mejor el pliego de condiciones, más claro, que tendría que haberse visto en un pleno que lo deliberara, que se tomaron decisiones de las que luego tuvo que informar el secretario general sobre su idoneidad. Yo no voy a decir que el informe administrativo sea transparente. Tiene problemas. Pero lo que tiene que quedar claro es si todas esas decisiones se plantearon con connivencia o no, como plantea IU. Hay que recordar que en esta casa el único que plantea reparos respecto de la condonación de la deuda es el interventor. Ni el secretario ni todos los que intervinieron en el tema plantearon reparos de fondo para decir "esto no se puede hacer porque con esto se beneficia a éste o al otro".

P. Según su criterio, una empresa vale lo que se paga por ella, como es el caso de la funeraria, no lo que dice el interventor ni el balance. ¿Vendería también la EMT por cien pesetas?

R. Mañana mismo la vendería por cien pesetas si el adjudicatario privado garantizara el servicio, me evitara pagar las subvenciones que ahora pagamos y mantuviera el precio del billete.