El pacto del PP con UPL provoca un fuerte malestar entre alcaldes de Castilla y León

El pacto suscrito el pasado sábado en León según el cual el alcalde del PP elude una moción de censura a cambio de que el Estado invierta en la zona 230.000 millones ha molestado a los alcaldes de la región, incluidos varios del PP. El acuerdo, que paraliza las conversaciones de Unión del Pueblo Leonés (UPL) y el PSOE para desalojar a Mario Amilivia, fue criticado no sólo por los socialistas, sino también por el alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, del PP, que opina que las inversiones públicas deben hacerse "con equidad y justicia entre los diferentes territorios; no por lo que digan terceras personas". El alcalde de Valladolid, Javier León, del PP, se pregunta qué van a pensar ahora otros regidores de Castilla y León.

Con el pacto, suscrito incluso por el secretario general del PP, Javier Arenas, en un acto público, los populares consiguen evitar una moción de censura y mantienen la alcaldía de León al menos por dos años. Previamente, han aceptado la exigencia de los leonesistas de UPL de realizar en la región, por la vía de los Presupuestos Generales del Estado y los autonómicos, una serie de obras valoradas por los firmantes en casi 230.000 millones en el próximo bienio.El alcalde de León, Mario Amilivia, ha explicado que el acuerdo supondrá unas fuertes mejoras para la capital, pero sus propios compañeros en las ciudades próximas lo ven con grandes recelos. Así, Ismael Álvarez, alcalde de Ponferrada, considera que a León no deben corresponderle "ni más ni menos millones porque lo digan terceras personas (en alusión a los regionalistas de UPL), ya que eso va en detrimento de otras provincias". Ponferrada es el municipio más importante de una cuenca minera en declive económico que recibe importantes ayudas para la reindustrialización, por lo que su alcalde teme que el pacto incluya el compromiso de que también la ciudad de León reciba ayudas mineras pese a que en su área de influencia no existe ni una sola explotación de carbón.

Alta velocidad

Uno de los puntos del acuerdo incluye, aunque no lo cita, la "priorización" de la línea del tren de alta velocidad por León y Ponferrada. Dionisio García Carnero, presidente del PP de Zamora, cree estar cargado de "argumentos técnicos, económicos, sociales, de economía de trayectos y de inversión, para que, llegado el momento, el Ministerio de Fomento no excluya la alternativa de Zamora".Javier León de la Riva, alcalde popular de Valladolid, ha hecho un llamamiento a las direcciones nacional y regional del PP para que "hagan un ejercicio de coherencia con los resultados electorales para no someterse a chantajes de otros, que luego pasan factura". León de la Riva ya anunció el mismo sábado que vigilará "con lupa" el pacto.

Por su parte, el socialista Heliodoro Gallego, alcalde de Palencia, se hacía ayer esta reflexión: "No es sano, ni correcto, ni transparente, que en el mundo de la política se ande con el chalaneo, y que por mantener una alcaldía se baje la guardia en el mundo de los valores que en política deben ser fundamentales". "Y además", agregó, "si se ningunea a otras provincias, se ha abierto aquí una brecha muy gorda al propio PP, que ante situaciones similares tendrá que responder también con esta técnica y esta táctica tan deplorable del chalaneo".

La socialista Eloisa Álvarez, alcaldesa de Soria, reclama a Juan José Lucas, presidente de Castilla y León, el mismo trato para la capital soriana. "No me parece serio esta compra de alcaldías y menos que esté implicado el presidente de la comunidad", agregó. La edil, que pide un trato de equidad para todas las provincias, aseguró en clave de humor que está dispuesta a apoyar una moción de censura contra sí misma si a Soria le llega una inyección de 150.000 millones.

Destacados miembros del PP leonés admiten en privado, además, que el pacto puede durar lo que el agua en una cesta. Un plazo seguro, a juicio de éstos, para que se mantenga puede ser el de las próximas elecciones generales.

Pero, al margen de las críticas políticas, el acuerdo ha levantado también una polémica para saber de dónde saldrán las cantidades pactadas. A juicio del PSOE, el pacto obligará al Estado a habilitar 35.700 millones de pesetas en el próximo bienio mediante enmiendas a los Presupuestos Generales para hacer frente a proyectos de infraestructuras nuevos o para aumentos de la dotación para otros por el acortamiento de los plazos exigido por UPL. Los socialistas presentán una serie de iniciativas parlamentarias para que el Gobierno explique cuáles son sus compromisos reales.

La Junta de Castilla y León no deberá hacer ningún tipo de esfuerzo presupuestario, ya que las exigencias de la UPL se ciñen a lo previsto, es decir, a unos 30.000 millones de pesetas para León en cada ejercicio en operaciones de capital (inversiones reales más subvenciones), además de unos 18.000 millones de pesetas de la partida de los presupuestos regionales no provincializados, según fuentes socialistas.

El vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato aseguró ayer que el pacto de León no supondrá un coste adicional para el Estado. Tras restar importancia a las críticas del PSOE, Rato destacó que el acuerdo es el resultado de "un diálogo transparente y conocido por la opinión pública de León". "Es un acuerdo en el que se refleja", aseguró, "lo que ya estaba previsto desde el punto de vista de la acción del Estado en la provincia y en la ciudad de León".

El PP y UPL valoran en 230.000 millones de pesetas las inversiones a efectuar en León en los dos años próximos. En realidad se trata de compromisos incumplidos del PP, "viejas promesas y viejas deudas", que ahora se venden como logros por parte de los leonesistas y como proyectos en marcha reflejados en el programa electoral de los populares, según el PSOE leonés.

En el pacto suscrito, las obras en las que figuran sus partidas económicas y sus plazos hasta el 2002 suman más de 161.000 millones. En el bienio 2000-2001, más de 114.000 millones de pesetas. El resto hasta los casi 230.000 millones son valoraciones del PP y UPL ante otros "compromisos políticos" en abstracto. Para los socialistas es un "juego de pícaros" en el que se engaña a la ciudadanía.