La trama holandesa

Las presuntas irregularidades denunciadas por la Fiscalía Anticorrupción no acabaron con la privatización de la funeraria de Madrid. Una vez ganado el concurso, Funespaña, según el ministerio público, cometió al menos cinco delitos fiscales. Para ello desarrolló dos sistemas. El primero se gestó supuestamente el 3 de febrero de 1993, fecha en que el Ayuntamiento y Funespaña suscribieron el contrato que otorgaba a esta última la gestión del servicio público. Funespaña, no obstante, firmó ese mismo día otro contrato con una sociedad radicada en Holanda en el que, sin contraprestación alguna, le cedía esa gestión y los ingresos que le pagaban por ella (20% de los beneficios). Esta subcontrata se explica, a juicio del fiscal, en la medida en que le permitía desviar el dinero a una empresa que, asentada en el extranjero, no estaba sujeta al impuesto de sociedades (la cuota a ingresar rondó 750 millones de 1993 a 1997). La querella aporta asimismo otro dato revelador: la firma holandesa estaba vinculada al imputado José Ignacio Rodrigo, el hombre que pasó de asesorar al Ayuntamiento sobre la privatización a presidir Funespaña. El segundo sistema defraudador consistió, según el fiscal, en utilizar este mecanismo de subcontrata con dos sociedades españolas que, pese a carecer de actividad, aplicaban la bonificación (95% en la cuota íntegra del impuesto de sociedades) que establecía una ley de 1993 para los rendimientos procedentes de explotaciones económicas.