Interior pagará por el homicidio cometido por un preso en libertad

La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio del Interior a indemnizar con 6,9 millones de pesetas a los familiares de un transexual fallecido a consecuencia de los golpes que le asestó un preso, declarado judicialmente psicópata, cuando disfrutaba de régimen abierto. El tribunal estima que la administración penitenciaria "debió valorar los informes médicos negativos" a la concesión de permisos "para, al menos, haber tomado algún tipo de garantía" de que el penado actuaría "con normalidad".

El recluso J. V. D. cumplía, entre otras, una condena de 17 años de cárcel por matar a su novia mediante asfixia y seguidamente decapitarla y cortarle los brazos y las piernas, que metió en bolsas de basura y abandonó posteriormente en diversos lugares. En 1990, progresó a tercer grado, a propuesta del Equipo de Tratamiento del Centro Penitenciario de Badajoz.En 1992, durante uno de los periodos de libertad, el recluso visitó a un transexual con el que mantenía relaciones desde hacía un año, y al que golpeó en la cara y en la cabeza. Después le introdujo la cabeza en la bañera llena de agua, hasta producirle una insuficiencia respiratoria que le condujo a la muerte.

Tras el proceso penal en el que J. V. D. fue condenado por robo con homicidio, cinco familiares de la víctima, asesorados por el letrado Mariano Vicente Cifuentes, reclamaron una indemnización al Ministerio del Interior, por responsabilidad patrimonial derivada del mal funcionamiento penitenciario.

En 1997, Interior, con el respaldo del Consejo de Estado, desestimó la indemnización pretendida, con base en que la Administración aplicó "estrictamente lo dispuesto en la legislación penitenciaria".

Peligrosidad

Los reclamantes recurrieron entonces a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ante la que alegaron que una de las sentencias penales recogía el carácter "psicópata" y "antisocial" del condenado. Argumentaron también que, con ocasión de un tratamiento psiquiátrico anterior, un "equipo médico y especialmente el doctor Fernández Junquito, se opuso en la Junta de Tratamiento a que se le concediera el grado de régimen abierto, dada su evidente peligrosidad".La sentencia de la Audiencia Nacional, dictada el 10 de septiembre y conocida ayer,condena a Interior a indemnizar con el importe de 6,9 millones reclamado y razona que, "por más que fuera favorable el informe para la progresión al tercer grado,la administración debió valorar los informes médicos negativos recaídos con anterioridad" e incluso prever que el recluso fuera acompañado en sus salidas, "atendida la personalidad del interno".

La sala considera que la Administración, "al permitirle la situación de semilibertad sin control alguno, asumió un riesgo", por lo que se produjo "un supuesto de funcionamiento anormal del servicio". La sentencia es recurrible ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.