Vizcaya invertirá 4.500 millones para ofrecer 55 hectáreas de suelo industrial
La Diputación de Vizcaya se ha comprometido a invertir 4.500 millones de pesetas en los próximos tres años para habilitar 55 hectáreas de suelo industrial, una carencia que está dificultando la implantación de empresas en el territorio vizcaíno. El diputado de Presidencia, José Luis Bilbao, calificó esta iniciativa como una de las prioridades en esta legislatura al presentar los ejes de actuación de su departamento, que contará con primera vez con una dirección de Turismo.
La falta de suelo industrial en condiciones se ha hecho patente estos últimos años especialmente en zonas como la Margen Izquierda, donde precisamente más esfuerzos se han iniciado para recuperar la presencia de empresas tras la reconversión industrial. Las autoridades vizcaínas y todos los partidos políticos coincidieron la pasada legislatura en la necesidad de ofrecer terrenos en condiciones.José Luis Bilbao, en su comparecencia de ayer ante las Juntas para explicar los objetivos de su departamento, anunció la fusión de las dos sociedades públicas forales dedicadas a la gestión de suelos, Bizkailur y Boroa, ésta ultima responsable del suelo adquirido en un barrio de Amorebieta, que totaliza 100 hectáreas. El diputado vizcaíno dijo que el nuevo ente se encargará, además del de Amorebieta, de urbanizar suelos en Ispaster, Güeñes y Euba (entre Amorebieta y Durango). "Son parcelas netas privatizables de 550.000 metros cuadrados (55 hectáreas) y habrá una inversión de 4.500 millones en los próximos tres años para urbanizarlas", dijo.
El titular de Presidencia admitió que Vizcaya sufre un problema de "oferta de suelo en calidad y competitividad. De ahí que esta oferta de suelo sea uno de los asuntos claves para la Diputación durante esta legislatura".
Política de personal
Bilbao se refirió también al asunto más polémico de su departamento: la política de personal, motivo continuo de conflictos. A lo largo de la década, la práctica totalidad de ofertas públicas de empleo y las relaciones de puestos de trabajo -el instrumento que fija y organiza la plantilla de las instituciones públicas y el que determina su estructura funcional- han sido recurridas a los tribunales por propios trabajadores forales y varias de ellas han sido anuladas por el Tribunal Superior vasco. El diputado vizcaíno insistió en "seguir avanzando" para lograr un marco propio de relaciones laborales en las administraciones vascas que permita que los acuerdos con los sindicatos "deban ser respetados por cualquier instancia judicial o política".
Abogó para que los próximos cuatro años sean los de "la desjudicialización de los conflictos laborales existentes en la Diputación" a través de la "vía de diálogo y acuerdo con los representantes de los trabajadores".
El responsable foral apoyó la consecución de la jornada laboral de 35 horas, aunque vaticinó que "puede suponer un aumento de la plantilla", ya que se rebajaría en 70 horas anuales el calendario actual.
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