Incentivos bajo sospecha

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pone un nuevo motivo de preocupación sobre la mesa de las autoridades vascas. Aunque los incentivos fiscales a la inversión han sido cuestionados por la Administración del Estado y las autonomías circundantes desde que comenzaron a aplicarse, ha sido de dos años a esta parte cuando han comenzado a llegar los pronunciamientos adversos. Y no sólo desde los tribunales de justicia. También la Comisión Europea puso sus ojos en la utilización por las Haciendas forales de este resorte fiscal para captar e incentivar inversiones.El primer gran golpe llegó el pasado mes de febrero, cuando Bruselas declaró ilegales gran parte de las ayudas concedidas a la multinacional coreana Daewoo para que la instalación de una planta de frigoríficos en Vitoria. Concretamente, las vacaciones fiscales y el crédito fiscal del 45%, que se sumaban a otra subvención directa. Una denuncia de La Rioja por el traslado de Logroño a la localidad alavesa de Laguardia de la empresa Ramondín (líder mundial en la fabricación de cápsulas de zinc para botellas) llevó al anterior comisario de la Competencia a abrir una investigación general sobre los incentivos fiscales del País Vasco y Navarra. A este frente se suma el procedimiento abierto por el Tribunal de Justicia Europeo ante una consulta del Tribunal Superior vasco sobre la adecuación de estas ayudas al Tratado de la Unión.

Las autoridades vascas, con una actitud victimista, consideran que existe un "ataque" generalizado al Concierto Económico: que la Administración del Estado no acepta su singularidad y Bruselas no la "entiende". Sin embargo, las instancias europeas reiteran que no están en contra del Concierto, sino del uso de medidas fiscales para rebasar el tope de ayudas a las empresas que fijado Bruselas.