La reforma permite catalanizar la escuela

Algo más de un millón de alumnos en educación infantil, primaria, secundaria y FP, 170.000 en las universidades. Unos 100.000 profesores, amén del personal administrativo y de servicios. El segundo mayor presupuesto después de sanidad y una influencia social determinante. No es de extrañar que Jordi Pujol pensara que era demasiado poder en las manos de un solo consejero y optara por separar las universidades y atribuírselas a un comisionado dependiente de Presidencia. Sólo así se entiende que Convergència dejara Enseñanza en manos de Unió, concretamente de Xavier Hernández, a quien le ha tocado la compleja labor de instaurar la reforma educativa prevista en la LOGSE y que ha tenido que bregar, no siempre con éxito, con adversarios de la talla de la anterior ministra del ramo, Esperanza Aguirre, que le lanzó cargas de profundidad tan potentes como el famoso decreto de humanidades, sin que el consejero se hubiera enterado.

¡VIVA LA REFORMA!

Si de algo se precia en especial el Ejecutivo convergente es, precisamente, de haber implantado la reforma en su totalidad, algo que sólo han hecho el País Vasco y Navarra. Para Jordi Pujol se trata de uno de los principales logros de su mandato; tanto, que recientemente, en la apertura del curso académico de las universidades catalanas, más que hablar de las universidades se centró en la enseñanza secundaria. Era una buena ocasión para mostrar el lado progresista de su partido, para marcar las distancias con los conservadores del Madrid. La LOGSE fue aprobada por el Gobierno del PSOE cuando éste contaba con mayoría absoluta en el Parlamento, pero Convergència i Unió (CiU) también votó a favor, porque, según Pujol, "es una ley muy ambiciosa que pretende ser una reforma escolar y social al mismo tiempo. Una ley que pretende que todo el mundo entre en la enseñanza". Si hay que revisarla, añadió, " la revisaremos en positivo", no como el Gobierno del PP, que quiere hacer marcha atrás".

¡INMERSIÓN, INMERSIÓN!

¿De dónde viene el entusiasmo por la reforma educativa? Era el sistema perfecto para catalanizar la enseñanza. Actualmente, a todos los efectos, la escuela pública de Cataluña es monolingüe. Con el traspaso a la Generalitat, hace ahora un año, de los últimos centros que dependían del Ministerio de Defensa, desapareció la enseñanza en castellano. Los decretos emitidos por el Ejecutivo catalán a principios del curso 1993-1994, coincidiendo con la puesta en marcha de la reforma educativa, introducían que la lengua vehicular de los centros financiados con fondos públicos "será normalmente" el catalán. Desde entonces, uno tras otro, los consejos escolares de los centros han ido optando por la enseñanza en catalán. La directora general de Ordenación Educativa, Maria Àngels González, aseguró en aquel momento: "No se puede identificar el respeto a los derechos individuales de los alumnos con el mantenimiento de líneas castellanas que, en general, no garantizan un suficiente dominio de la lengua catalana al término de la escolarización". Consecuentemente, las circulares de la Generalitat no recogieron en los decretos reguladores de la reforma la obligación de garantizar los derechos individuales. EL DILEMA PÚBLICA-PRIVADA. El auténtico problema de fondo del sistema educativo español es la dualidad entre la escuela pública y la privada concertada, ambas financiadas por el Estado, pero a todas luces diferentes. En Cataluña, la situación se agrava porque la privada -por lo general de la Iglesia- supera el 40%. El modelo es perverso porque de un modo u otro se produce una discriminación, especialmente en secundaria. La ESO ha llevado a las aulas a alumnos que antes no se escolarizaban y que causan graves problemas de adaptación. La gran mayoría recala en la escuela pública. Éste ha sido uno de los temas preferidos por los sindicatos y las asociaciones de padres para atacar la labor de Hernández, cuya adscipción democristiana no deja de ser mencionada.

BARRACONES.

No pasa un mes sin que Hernández -a menudo acompañado por el propio Pujol- anuncie la concesión o finalización de nuevas obras para nuevos institutos o reformas de otros. Pero las prisas por reformar producen daños colaterales. Escuelas e institutos sin acabar, padres indignados y, sobre todo, la ignominia de los barracones o módulos prefabricados -"los mejores de Europa", según el consejero-, una especie de lepra en el limpio modelo escolar. Su número ha aumentado año tras año. En 1996 había 582 y actualmente hay 780, en los que estudian unos 20.000 alumnos. "El año próximo no se crearán más barracones", asegura Hernández, de cuya continuidad hay dudas. Incluso los militantes de CiU se quejan de las promesas incumplidas: "Nos dijeron que el instituto estaría acabado en dos años y los alumnos ya llevan seis años en los barracones", explicaba Josep Muntmany, miembro de Convergència Democràtica y alcalde de Taradell, donde todos los alumnos de secundaria deben estudiar en los 10 barracones que sirven de escuela.

GUETOS DE INMIGRANTES.

Los llamados alumnos con necesidades educativas especiales, uno de los típicos eufemismos de la reforma con el que se define, básicamente, a los hijos de inmigrantes no comunitarios, a los españoles de etnia gitana y a los procedentes de niveles económicos muy bajos y de familias desestructuradas, tienden a agruparse en determinados centros, todos ellos públicos, conformando auténticos guetos escolares de los que el resto de la población saca a sus hijos. Las escuelas privadas concertadas sólo acogen al 6% de hijos de inmigrantes. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña echó un capote a Enseñanza al desestimar un recurso presentado por las asociaciones de padres de Girona para lograr una redistribución de estos alumnos. La demanda pretendía que se cumpliera una resolución de la Generalitat que obligaba a todos los centros privados concertados a reservar dos plazas por aula para alumnos que requieran atención personalizada. Pero la evidencia de las prácticas de la escuela concertada llevó a Hernández a reconocer, a principios del curso pasado, que algunos de estos centros aplicaban "políticas sibilinas" para no matricular a alumnos potencialmente conflictivos y abrió la posibilidad de reservar algunas plazas, aunque siempre se ha mostrado en contra del reparto.