El ex presidente cántabro tiene otra condena que le inhabilita durante ocho años por prevaricación

El terremoto que sacudió a la opinión pública en Cantabria y especialmente a su clase política no tendrá inmediatas consecuencias para el ex presidente Juan Hormaechea, quien deberá seguir apartado de los asuntos públicos. En abril de 1998 la Audiencia Provincial le había condenado, otra vez, a ocho años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación cometido cuatro años antes, cuando declaró de interés cultural un solar de Santander en el que pretendía construir un adversario político suyo, dueño del terreno.Hormaechea confesó ayer a la Cadena SER su "relativa satisfacción" por la sentencia. "Demuestra", puntualizó, "que todavía quedan jueces con cierta dignidad, pero hubiera preferido acudir a Europa [Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo] con la sentencia condenatoria para que viesen cómo se trabaja en España. De todas maneras, espero que en algún aspecto podamos acudir".

El entonces vicepresidente Roberto Bedoya, ex presidente del PP de Cantabria, condenado igualmente con Hormaechea, deploró que la sentencia del Constitucional llegue cuando "ya han transcurrido dos legislaturas. Desde el punto de vista político es como si hubiésemos cumplido ya ocho años de inhabilitación. Es tremendo que como consecuencia de haber tenido un tribunal parcial, algo que es absolutamente denunciado y argumentado, debamos ahora sentarnos otra vez en el banquillo para debatir sobre cosas que sucedieron en 1987".

De los tres jueces que en 1994 formaron la sala que condenó a Hormaechea, su presidente Claudio Movilla falleció hace un año por enfermedad y los otros están jubilados. Mario García Oliva, magistrado cántabro, fue dos veces recusado por Hormaechea pero el Tribunal de Justicia de Cantabria y luego el Supremo no encontraron razones para ello. Sin conocer todavía el texto de la sentencia, García Oliva recordó ayer que la sala de la que él formaba parte actuó "con escrupolosidad tremenda, teniendo siempre presente el principio in dubio pro reo, que garantiza una atención al procesado". García Oliva añadió que acoge sin reservas la sentencia "si es que le sirve al reo para mejorar su situación".

En su día Hormaechea había puesto en duda la independencia de García Oliva para juzgarles por su pertenencia al PSOE. "Para ingresar en las filas del Partido Socialista", llegó a afirmar, "le hicieron barrer varios días, antes de extenderle la ficha el local de su agrupación".