El Gobierno traslada a las comunidades las multas por fraudes en los fondos de la UE

El Gobierno ha introducido en el proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del 2000, que hoy tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros, un artículo que intenta someter a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a una mayor disciplina presupuestaria, en un terreno tan movedizo como es el de las ayudas recibidas por la UE. En el artículo 30 de ese proyecto de ley se establece que los gobiernos regionales y locales serán los responsables de un eventual uso fraudulento o irregular de los fondos estructurales y de cohesión de la UE, gestionados por ellos. Estos fondos alcanzaron el pasado año los 12.221 millones de euros (2,03 billones de pesetas). Hasta ahora, el pago de las multas correspondientes es asumido por el Gobierno central.Dentro de esa mala gestión de fondos europeos se incluye, por ejemplo, el exceso de producción de leche, la obtención fraudulenta de ayudas para determinados cultivos y herbáceos, como el reciente caso del lino, la utilización de fondos para formación para otros fines o la concesión de ayudas a proyectos empresariales que no se usan para lo que estaba previsto.

Fuentes oficiales del Ministerio de Economía no precisaron ayer la cuantía de esas desviaciones. La mayor parte se concentra en el sector agrario, que el pasado año totalizó multas por valor de unos 70.000 millones de pesetas, según fuentes del Ministerio de Agricultura. En lo que va de año, la cuantía asciende a unos 40.000 millones.

La norma señala que "las administraciones públicas o entidades gestoras que, de acuerdo con sus respectivas competencias, realicen actuaciones de gestión y control de las ayudas financiadas por cuenta del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Instrumento Financiero y de Orientación Pesquera y Fondo de Cohesión, y de los nuevos fondos comunitarios que pudieran crearse, asumirán las responsabilidades que se deriven de dichas actuaciones, incluidas las que sobrevengan por decisiones de los órganos de la Unión Europea y, especialmente, en lo relativo al proceso de liquidación de cuentas y a la aplicación de la disciplina presupuestaria por parte de la Comisión Europea".

El caso del lino

Si ahora esas ayudas llegan limpias de polvo y paja a las comunidades, cuando se apruebe la nueva norma, es decir, cuando supere el trámite parlamentario de ahora a final de año, el Tesoro realizará "compensaciones financieras" mediante "la deducción de sus importes en los futuros libramientos que se realicen por cuenta de los citados fondos e instrumentos financieros de la Unión Europea".Las fuentes de Economía consultadas señalaron que la medida persigue "aclarar responsabilidades", dado el avanzado proceso de descentralización del gasto y las competencias de control que al respecto tienen las comunidades. Sin embargo, otras fuentes destacan que la oportunidad de su aprobación ahora está relacionada con el fraude en las ayudas a la producción de lino, para que su responsabilidad desde el punto de vista financiero recaiga en la Junta de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE.

La memoria del proyecto de Ley de Acompañamiento subraya que la gestión de esos fondos ha sido asumida "progresivamente por las comunidades autónomas". Se considera "coherente y oportuno que la responsabilidad derivada de actos de una administración en el ejercicio de sus propias competencias sea asumida por esa misma administración". Y añade que, dado el sistema de prefinanciación de esas ayudas, "las correcciones financieras vienen siendo soportadas por la Administración central ante la ausencia de un sistema de repercusión de las mismas".

En el caso del FEOGA Orientación, de los 182.300 millones recibidos el pasado año el 62,5% han sido gestionados por las comunidades autónomas. Las principales beneficiarias han sido Galicia, Castilla y León y Andalucía, según datos de la Intervención General de la Administración del Estado.

Del Fondo Social Europeo se obtuvieron 290.500 millones en 1998, de los que las comunidades autónomas han gestionado 75.300 millones. La cantidad más importante correspondió a Cataluña (20.000 millones), a diferencia del año anterior, en que Canarias, Andalucía y Valencia absorbieron la mitad de los recursos. En cuanto al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de los 469.800 millones obtenidos el pasado año las comunidades autónomas han gestionado cerca de la mitad (203.500 millones). Por último, del Fondo de Cohesión se han ingresado 197.000 millones, gestionados en su mayor parte por la Administración central (105.700 millones). Del resto, Andalucía y Cataluña son las más beneficiadas.