La junta directiva del instituto Ferrer i Guàrdia dimite y pide la destitución de "los responsables del desconcierto"

VIENE DE LA PÁGINA 1 El presidente del APA del colegio público Virgen del Carmen de L"Eliana, Jordi Grau, denunció ayer en el juzgado de Llíria a la Consejería de Educación por considerar que ésta podría haber incurrido en "imprudencia temeraria, al ordenar que 205 alumnos de entre 15 y 18 años" reciban clases en un aulario prefabricado de este centro que "no reúne las más mínimas condiciones de habitabilidad y que pone en peligro la integridad física de los ocupantes". La denuncia aporta como prueba los informes técnicos emitidos al respecto por el Ayuntamiento de L"Eliana, la Consejería de Industria y el Sepiva. Los estudiantes han sido ubicados provisionalmente en este centro a la espera de la finalización del nuevo instituto de enseñanzas medias del municipio. Pero las obras se han demorado dos meses y la consejería se ha comprometido, al menos de manera verbal, a tenerlo a punto el 15 de octubre. Esta interinidad ha generado un profundo malestar entre los padres y profesores, ya que ha aumentado la masificación existente en el Virgen del Carmen, que ha denunciado reiteradamente el APA, informa Francisco Pérez. Grau precisó que la denuncia se ha puesto en conocimiento tanto del Ayuntamiento como de la consejería, a los que se ha remitido por fax copia de un acta notarial con fecha 28 de septiembre. Ante notario los padres denunciaron "la situación de precariedad" del colegio Virgen del Carmen, la falta de mantemiento del aulario de ocho unidades y la peligrosa ausencia de una valla de separación entre el patio de los alumnos de secundaria y los de primaria. En la ciudad de Valencia, la junta directiva del instituto Ferrer i Guàrdia presentó su dimisión en bloque por "sentirse engañada" por la dirección territorial, ya que ésta se comprometió a finalizar las obras del I.E.S Benlliure para el inicio de este curso, de modo que el primer centro pudiera disponer de todo el espacio a tiempo completo, según un comunidado del consejo escolar y el claustro. Dimisiones en cadena La junta exige, además, la dimisión de "los responsables de este desconcierto", que arranca desde el curso pasado, cuando los 78 profesores y el casi millar de alumnos del instituto Benlliure fueron reubicados entre los centros Ferrer i Guàrdia y el de Orriols de la ciudad de Valencia. El 1 de septiembre, el director territorial informó a la junta que el Benlliure "ya dispondría de su propio centro y que el Ferrer i Guàrdia podría disponer del suyo a tiempo completo". Por eso, la junta directiva procedió a planificar el curso, pero una vez iniciadas las clases, se han visto obligados a escolarizar a los alumnos del Benlliure. En medio de esta "improvisación", la junta denuncia que se han visto "obligados a reorganizar, estableciendo nuevos horarios, recortando las actividades extraescolares y otros inconvenintes, con el consiguiente desasosiego de padres, profesores y alumnos".