La Audiencia de Bilbao juzgará a las constructoras de la depuradora de Gorliz por delito ecológico

La Audiencia de Bilbao juzgará a finales del próximo mes de diciembre por un posible delito ecológico a tres directivos de dos empresas que construyeron la depuradora de aguas residuales de Gorliz. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ha pedido para cada uno de los tres procesados una pena de dos años y cuatro meses de prisión a consecuencia de un vertido que causó en 1995 la muerte de miles de peces en un arroyo cercano a la depuradora de Gorliz. El desastre ecológico se completó con la utilización de escorias de acero para relleno de los terrenos.

El presunto delito ocurrió en abril de 1995 y la Fiscalía del Tribunal Superior responsabiliza a las empresas Ferrovial y Cadagua, responsables de las obras y del proyecto técnico de la depuradora de Gorliz. En esas fechas aparecieron, en el arroyo que desemboca en la playa de Gorliz, "gran cantidad de peces muertos, anguilas, ranas y unos 300 más que nadaban con gran dificultad", señala el fiscal en su escrito de acusación. El informe posterior del Departamento de Sanidad constató que se utilizaron escorias de acero para el acondicionamiento del terreno donde se ubica la depuradora y que quedaron depositadas junto al arroyo. Además, el fiscal señala que, durante la ejecución de las obras de la depuradora, se rompió una tubería de aguas fecales que fluyó al arroyo. "Como consecuencia de los vertidos se constata un aumento considerable del Ph del arroyo, debido a la presencia elevada de calcio y una disminución del oxígeno disuelto". Estos hechos motivaron que la Inspección de Sanidad del Ejecutivo vasco solicitara el acotamiento de la zona de baño de la playa de Gorliz, por existir riesgo para la salud humana. En su informe, Sanidad calificó de "no adecuado" el depósito de las escorias junto al arroyo y desaconsejó "la utilización de este material como relleno", recomendando "la retirada del mismo a otro lugar más adecuado". Paralización de obras El Ayuntamiento de Gorliz ya pidió la paralización de los trabajos cuando tuvo lugar el episodio contaminante y requirió a la Diputación de Vizcaya -la institución que adjudicó las obras de ejecución de la depuradora a las empresas- que obligara a retirar los desechos contaminantes. La institución foral se negó entonces a proceder a las interrupción de las obras. En su escrito de acusación, la Fiscalía estima que los hechos constituyen un delito contra el medio ambiente, por lo que solicita para cada uno de los tres acusados una pena de dos años y cuatro meses de prisión menor, así como una multa de dos millones de pesetas. A ello añade una indemnización por responsabilidad civil de 2,5 millones. La Audiencia ha fijado la vista oral para el próximo 21 de diciembre. La depuradora de Gorliz se enfrentaba también a otro posible delito ecológico por los vertidos fecales que en el verano de 1997 obligaron al cierre de la playa durante cuatro días. Pero, en este caso, el Juzgado de Instrucción número 2 de Getxo ha archivado las diligencias "por no ser los hechos constitutivos de infracción penal". En su auto, emitido el pasado 15 de septiembre, argumenta que los vertidos se debieron a una avería en un bombeo, "en día festivo, de la única bomba que funcionaba, que se reparó en la mañana del día siguiente". "En la zona se han realizado actuaciones de saneamiento y depuración de elevado costo económico, obras que se inauguraron en las fechas en que tuvieron lugar los hechos, si bien su puesta en funcionamiento se produjo con posterioridad", añadía. La asociación naturalista Txipio Bai, personada como acusación popular, ha recurrido el auto, por considerarlo "superficial" y porque "parece achacar el vertido a una causa fortuita cuando no tiene en cuenta que la estación depuradora tenía cuatro bombas". Según la asociación, "una de ellas se había caído al pozo, otra se estropeó de manera grave y repararla significaba un desembolso grande de dinero y no se arregló, otra se había estropeado hacía poco tiempo y no se había arreglado; por lo que se estaba trabajando con una sola bomba, lo que incrementaba notablemente el riesgo de vertido, y esto es una imprudencia grave". La Diputación atribuyó el incidente al fallo de una válvula y, en una comparecencia ante las Juntas Generales, la titular de Medio Ambiente dijo que, tras concluirse la depuradora, se descubrió que "el sistema de bombeo del colector local no estaba correctamente diseñado".