Víctimas de la plaza de Castilla

El fallo informático de los juzgados de la plaza de Castilla ha convertido gestiones y procedimientos cotidianos en la justicia en auténticos calvarios. Tres casos muestran esta situación. En dos de ellos, los implicados consideran que se ha vulnerado el derecho de tutela judicial.

Un recurso perdido.

El pasado 17 de septiembre, la policía detuvo en Madrid a un chino propietario de un taller ilegal de ropa, donde supuestamente trabajaba un inmigrante indocumentado. El juez de guardia ordenó su ingreso en el centro de internamiento para su posterior expulsión. Antes de tres días, el abogado José Enrique Carreño presentó un recurso contra la orden (basado en que el detenido tenía permiso de residencia). Pero la impugnación se perdió en el marasmo de los juzgados. Al no funcionar los ordenadores de la oficina de reparto, el recurso no llegó al juez instructor. "El resultado ha sido que el recurso no se ha resuelto, y a día de hoy no sé ni siquiera si mi cliente ha sido expulsado. Es una barbaridad", señala Carreño. Para hacer frente a esta situación, el abogado se dirigió ayer a los juzgados, y tras un "intenso pataleo" ha conseguido, siempre según su relato, entregar en mano el recurso al juzgado correspondiente. Eso sí, ocho días después de su primer intento. "Esto es más que un problema burocrático, es una burla al derecho de tutela judicial efectiva y se ha incurrido en una responsabilidad penal. Hay gente que lleva 10 días en prisión sin que se vean sus recursos", remachó el abogado.

Los 'teletubbies'.

Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos encargados de la investigación que supuso el decomiso de un millón de teletubbies falsos no han enviado sus atestados al juzgado. Debido al fallo informático desconocen cuál es el juzgado que instruye su caso. A la espera de que las máquinas vuelvan a funcionar, los informes, cargados de indicios y pruebas, se amontonan en su despacho.

Sin juez para una denuncia.

El pasado 23 de septiembre, los colombianos Sandro Castaño y Wilman Ruiz iban a ser expulsados de España por estancia ilegal. Pero ambos, según sus abogados, se opusieron a la repatriación y entonces fueron agredidos por ocho policías en el aeropuerto de Barajas. Percy Pescorán, el abogado de Wilman Ruiz, recuerda que, tras los hechos, interpuso una denuncia en el juzgado de guardia, "pero por el colapso en plaza de Castilla", dijo, "no nos ha sido asignado un juez". "Estamos atados de manos por el colapso de los ordenadores", agregó el abogado.Pescorán espera que la situación se resuelva pronto porque, de lo contrario, la situación de su defendido "empeorará" y tendrá que permanecer más tiempo recluido en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Moratalaz. "Esto es muy perjudicial para mi cliente", señaló.