El quinto mandamiento

LA IGLESIA católica no acaba de tener una posición clara sobre la pena de muerte. Ése, y no la mala fe de los periodistas, es el motivo de las dificultades de los obispos españoles para hacerse entender al presentar la semana pasada el nuevo catecismo. Su artículo 2.267 dice que "no se excluye el recurso a la pena de muerte". Es cierto que a continuación se explica que "los casos de supresión del reo son ahora muy raros, si no absolutamente inexistentes". Pero el abolicionismo o es una cuestión de principios, no sometida a casuísticas o criterios de oportunidad, o no es nada.Contra la pena de muerte se está por razones morales, las más profundas que cabe imaginar. Si hay excepciones ya no es un principio moral, sino otra cosa. Y la Iglesia proclama moverse por principios, no por razones de oportunidad. Si quiere prestar su voz al esfuerzo de muchas generaciones por acabar con esa forma de barbarie que es la pena de muerte, su doctrina no puede ser condicional, por más que haya Estados que la sigan manteniendo por los motivos que sea.

No es fácil de comprender que los obispos españoles se proclamen contrarios a la pena de muerte y respalden sin reserva alguna su abolición en la Constitución de 1978, y al mismo tiempo intenten justificar su perpetuación en un texto fundamental de la Iglesia, aunque sea con la fórmula defensiva empleada por el cardenal-arzobispo de Madrid, Rouco Varela, de que "si no es imprescindible, es ilegítima".

Es cierto que esta dificultad no es sólo de los obispos españoles; la tienen también los franceses y alemanes, por ejemplo. Incluso el papa Juan Pablo II empleó en su último viaje a EEUU, en enero pasado, argumentos claramente abolicionistas para descalificar la pena de muerte. Dijo que era "cruel e inútil", y definió las ejecuciones legales como parte de una "cultura de la muerte". ¿Cómo hacer comprensible este claro pronunciamiento del Papa contra la pena de muerte en un país que la sigue aplicando -cada vez más- si los textos oficiales de la Iglesia la siguen justificando en casos de extrema gravedad?

La Iglesia católica tiene un problema de coherencia frente a la pena de muerte: los pronunciamientos públicos de sus jerarquías contra su aplicación, aunque en sí mismos positivos, no serán enteramente creíbles mientras sus textos dogmáticos, de obligada referencia para sus fieles, sigan legitimando la supresión del reo como pena proporcionada en relación a algunos delitos.