El Gobierno achaca su derrota al electoralismo de CiU y al corporativismo de los abogados

La severa derrota política que el jueves sufrió el Gobierno en el Parlamento al no lograr sacar adelante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial no le ha dado lugar a ningún tipo de autocrítica, sino todo lo contrario. El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, atribuyó ayer esta derrota al "electoralismo" de CiU, al "corporativismo" de las asociaciones de abogados y a las "tergiversaciones" de los medios de comunicación. Manuel Silva, portavoz adjunto de CiU, recordó a este periódico que el Gobierno de Aznar sabía desde junio que los nacionalistas catalanes no iban a apoyar este proyecto.

El Gobierno, eufórico por el importante apoyo de sus socios nacionalistas a la Ley de Presupuestos, minimizó ayer la derrota política que sufrió la víspera en el Parlamento. Para el portavoz del Gobierno, se obstaculizó "una buena ley", la de Enjuiciamiento Civil, por "razones electorales". Piqué atribuyó la abstención de CiU en la votación del jueves, que acarreó la derrota del Gobierno, a la conveniencia de la coalición que lidera Jordi Pujol de desmarcarse del Ejecutivo del PP ante la proximidad las elecciones catalanas -se celebrarán el 17 de cotubre- y, sobre todo, justo en el momento en que los nacionalistas catalanes han expresado su apoyo a la Ley de Presupuestos del año 2000 que ayer aprobaba precisamente el Consejo de Ministros.También atribuyó parte de la responsabilidad de lo ocurrido en el Parlamento al "corporativismo" de los colegios de abogados e incluso a la "tergiversación" de los medios de comunicación. Piqué precisó que éstos han presentado como "gran derrota" el rechazo de once de los 800 artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sólo 154 votos

Los 154 votos del PP tuvieron enfrente los 141 del PSOE, PNV, NI, EA y BNG y las 28 abstenciones de IU, CiU y CC. Y como se trataba de leyes orgánicas, al no obtener el PP la mayoría absoluta, la Ley de Enjuiciamiento Civil no podrá desarrollarse en su integridad porque muchos de sus articulados necesitan de las reformas previstas en la Ley del Poder Judicial.

La misma argumentación que Piqué utilizó la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, para justificar la derrota política del proyecto que defendió ella misma en el Congreso. Mariscal aclaró que no tiene ninguna intención de dimitir, "aunque sería algo que gustaría muchísimo a la oposición".

En las filas de CiU ha molestado la acusación de "electoralismo" que le ha propinado el Gobierno. El portavoz adjunto de la coalición catalana, Manuel Silva, manifestó que el Ejecutivo se empeñó en tratar de sacar adelante la ley a sabiendas, desde el mes de junio, de que CiU no la iba a apoyar. "Esta ley es un terreno acotado en nuestra colaboración parlamentaria que el Gobierno ya conocía. Si ahora dice que no la hemos apoyado por razones electorales, él verá, aunque no nos perjudica que lo diga", dijo Silva, quien puso el acento en que ha sido la obstinación del Gobierno en precipitar la aprobación de esta ley la que ha propiciado su derrota. "Al haberse introducido un número tan elevado de enmiendas, no se tenía que haber hecho una tramitación tan rápida".

El portavoz adjunto de CiU insistió en que las razones de su abstención ante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se han debido fundamentalmente a la falta de consenso con las organizaciones profesionales, especialmente, los abogados. "Lo hemos intentado desde el primer momento, pero no lo hemos logrado".

Silva argumentó, además, que la reforma procesal es "insuficiente" si no se acompaña de otras medidas, como la creación de cuerpos propios de cada comunidad autónoma. Respecto a la Ley de Enjuciamiento Civil, señaló que si no va acompañada de medidas presupuestarias, de aumentos de órganos judiciales y de medidas funcionales, "puede ser una reforma ineficaz". No obstante, no dejó dudas al reafirmar la continuidad de su apoyo al Gobierno hasta el fin de la legislatura.

El portavoz adjunto de CiU resumió la satisfacción de su coalición por los Presupuestos en tres aspectos fundamentales: Se adaptan bien al ciclo económico; tienen un importante contenido social, como el aumento de las pensiones, y dota a Cataluña de un importante presupuesto en infraestructuras.

Piqué por su lado, echó un capote a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, ya que rehuyó las insinuaciones que atribuían la derrota política a la incapacidad negociadora de la ministra. Es más, quitó importancia al rechazo de la Ley Orgánica del Poder Judicial porque "sólo afecta a once artículos de una ley que tiene más de 800", y destacó las ventajas de la aprobada Ley de Enjuiciamiento Civil: tramitaciones más rápidas en divorcios, reclamaciones o cobros de deudas; regulación de los juicios verbales y abaratamiento del proceso de pequeñas reclamaciones.

Piqué minimizó tanto el desmarque de CiU por su abstención parlamentaria del jueves que llegó a afirmar: "La confianza [con CiU] existe. La colaboración y la cooperación existe, y el compromiso de hacer todo lo necesario para que se agote la legislatura está fuera de toda duda. El Gobierno en ningún momento ve la necesidad de recuperar la confianza de los socios parlamentarios".