El control del urbanismo de Ceuta y Melilla se recogerá en la 'ley de acompañamiento'

El Gobierno realizará un anexo al anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social -más conocida como ley de acompañamiento de los Presupuestos- con el fin de controlar en última instancia la planificación urbanística de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La decisión tiene como telón de fondo la circunstancia de que sea el GIL - el partido del alcalde de Marbella, Jesús Gil- la formación que gobierna Ceuta y que tiene aún posibilidades de hacer lo propio en Melilla. La iniciativa del Gobierno impedirá que el GIL tenga manos libres en la planificación urbanística de ambas ciudades porque corresponderá al Ejecituvo la ratificación definitiva de los planes aprobados por sus ayuntamientos.El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, precisó ayer tras la reunión del Consejo de Ministros que la revisión de los planes urbanísticos en las ciudades autónomas corresponde al Ejecutivo, "habida cuenta de que no hay otra institución autonómica que pueda hacerlo". En el caso de los demás ayuntamientos la ratificación corresponde a las comunidades autónomas. El titular de Economía explicó que el Ejecutivo trata de "clarificar" que en temas urbanísticos relativos a Ceuta y Melilla "hay decisiones que van a ser tomadas por el Gobierno central, de la misma manera que sucede cuando los ayuntamientos toman decisiones que son después aceptadas por las comunidades autónomas".

El PSOE dice que es ilegal

Sin embargo, el responsable de Política Autonómica del PSOE, Ramón Jáuregui, advirtió al Gobierno de que el anexo a la ley de acompañamiento "no es legal", aunque mostró la disposición favorable del PSOE a poner coto a los posibles "desmanes urbanísticos" del GIL.

Jáuregui, que inauguró en Madrid una jornada de trabajo sobre política autonómica, dejó claro que el PSOE comparte el "objetivo de que se imponga algún tipo de control por parte del Gobierno" a los "desmanes urbanísticos de ese consorcio de intereses que es el GIL", pero siempre con arreglo a la legalidad. Según el PSOE, el instrumento elegido por el Ejecutivo "no es legal" porque una ley orgánica como el Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla no puede ser modificada por una norma de rango inferior como la ley de acompañamiento.