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LAS CUENTAS DEL ESTADO PARA EL AÑO 2000

El Gobierno congela los impuestos especiales en el 2000 para contener la inflación

El Consejo de Ministros aprobó ayer los últimos Presupuestos de la actual legislatura para su envío el lunes a las Cortes. La principal novedad, a pesar de que las medidas de choque contra la inflación se han vuelto a aplazar una semana, es la decisión de no subir los impuestos especiales que gravan el consumo de carburantes, tabaco y alcohol, así como las tasas, con el objetivo de contener los precios.Los ingresos previstos por impuestos especiales para 1999 son de casi 2,5 billones de pesetas al año, por lo que la no actualización del 2% de la inflación prevista supondría dejar de ingresar unos 50.000 millones de pesetas por este concepto. La recaudación por tasas alcanza el medio billón de pesetas, por lo que la merma de ingresos sería de 10.000 millones.

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De las cifras presentadas ayer, todavía incompletas, se deduce que estos Presupuestos son generosos con los impuestos y con las partidas destinadas al gasto social, y continuistas con el resto. Pese a ello, se prevé una reducción del déficit de las Administraciones públicas (Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y ayuntamientos), desde el 1,4% del PIB previsto para 1999 hasta el 0,8%.

Este recorte, de medio billón de pesetas, responde a la confianza en que la economía mantendrá un ritmo de crecimiento real del 3,7% (descontada la inflación) y en torno a un 6% nominal. Esto permitirá aumentar los ingresos un 7%, según explicó ayer el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato.

El gasto sube un 4,7%

En cuanto a los gastos, la previsión es que crezcan un 4,7%, es decir, por encima del crecimiento real (3,7%) y de la inflación prevista (2%). Este 4,7% incluye que el Estado asume toda la financiación de la sanidad y de las políticas sociales que ahora financia la Seguridad Social, por más de 200.000 millones. Sin ello, el gasto del Estado crecería un 3,6%.

La descarga que esto supone para la Seguridad Social permite que ésta obtenga un superávit del 0,1% del PIB en el año 2000. El déficit correspondiente al Estado es del 0,8% del PIB, mientras que para las administraciones territoriales se sitúa en el 0,1%.

Las prioridades del Presupuesto son: sanidad, pensiones, educación, políticas activas de empleo, infraestructuras, incentivos a la investigación y desarrollo, modernización de la justicia y supresión del servicio militar obligatorio. Es decir, prácticamente todo.

En cuanto a las pensiones, el Presupuesto del 2000 incluye un aumento global de 488.000 millones de pesetas, un 5,6% más que el año anterior. La subida general es del 2% con un incremento medio adicional de 3.000 pesetas para las más bajas. Las cotizaciones a la Seguridad Social por desempleo se reducen 0,25 puntos.

La presión fiscal se mantendrá en el año 2000, después de bajar una décima en 1999, según aseguró Rato. En 1998, el porcentaje de ingresos por impuestos y cotizaciones sociales se situó en el 35,86% del PIB, tras subir tres décimas.

Rato rechazó que el diseño de estos Presupuestos responda a las dos próximas citas electorales, en Cataluña y, más adelante, en Andalucía y en todo el Estado. También se negó a admitir que medidas como el aumento de las pensiones, la rebaja de las cotizaciones, la dotación del fondo de reserva para las pensiones (60.000 millones) o el incremento de la partida destinada a incentivos al empleo (un 9,2%) respondan al objetivo de ganar votos.

Tampoco hay, dijo, una concesión "oportunista" a las demadas del PSOE en política social. "Si les hubiéramos hecho caso", apuntó, "nos habríamos equivocado siempre". Y remachó: "No ha habido contrincante en materia de política económica en esta legislatura".

Lo cierto es que, también en materia de impuestos, las decisiones adoptadas ayer suponen adoptar, por lo general, la vía más favorable a los contribuyentes. Además de la no actualización de los impuestos especiales y las tasas, otras medidas tributarias son:

Tarifa del IRPF y deducciones.

La tarifa del IRPF se reduce un 2%, para que la inflación no incremente la factura fiscal. Por el contrario, las deducciones no suben el 2% y tampoco el mínimo personal y familiar. El mínimo exento del impuesto del patrimonio se eleva a 18 millones de pesetas.

Compensación por vivienda.

El peor tratamiento fiscal a la vivienda que establece el IRPF que ha entrado en vigor este año, se compensará a aquellos que la hayan adquirido antes del 4 de mayo de 1998. Antes los intereses desgravaban de la base del impuesto (hasta un millón de pesetas) y el principal deducía un 15% de la cuota. Con el nuevo impuesto, tanto capital como intereses, con un límite de 1,5 millones, se deducen un 15% de la cuota. Para establecer la diferencia entre un sistema y otro se utilizará la nueva tarifa y el cálculo lo podrá realizar de oficio la Agencia Tributaria, para todos los contribuyentes afectados, sin excluir a los de rentas más altas. También se compensará por el cambio en la deducción por alquiler.

Rebaja de retenciones.

Las retenciones por dividendos (beneficios repartidos a los accionistas de las empresas) se rebajan desde el 25% actual hasta el 18%, con el objetivo de equipararlas a las que se practican por otros rendimientos del capital, por ejemplo, los intereses de cuentas corrientes. También se rebaja del 20% al 18% la retención por rendimientos de actividades profesionales, como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo que anuló la subida del 15% al 20% establecida en la Ley del IRPF que entró en vigor este año. Estas dos medidas no se incluyen en la Ley de Presupuestos, sino que serán aprobadas próximamente por decreto.Además, el Gobierno añadió algunos artículos a la Ley de Acompañamiento, pendiente para su aprobación del dictamen del CES. Se recogen los incentivos para innovación tecnológica (60.000 millones), medidas antielusión fiscal por el cambio en el régimen jurídico de sociedades, la calificación de las farmacias como locales de negocio, una nueva regulación de los pagos a proveedores por las grandes superficies y la asunción por el Estado de competencias urbanísticas en Ceuta y Melilla.

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