CCOO y CSIF aceptan la subida del 2% para los funcionarios con un fondo de 13.000 millones

El ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes, Comisiones Obreras y la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) suscribieron ayer un pacto por el que las dos centrales aceptan una subida salarial del 2% para funcionarios, con un fondo adicional de 13.000 millones de pesetas que se distribuirá en incentivos salariales por mejora de la productividad y del servicio público. El acuerdo, que afecta a 600.000 empleados de la administración del Estado, no fue respaldado por UGT porque es "precipitado e insuficiente", aunque no descarta que el próximo lunes sus órganos de dirección decidan suscribirlo.

Los 600.000 funcionarios de la administración estatal tendrán en el año 2000 un aumento lineal de sus retribuciones igual a la inflación prevista (2%), tal como preveía inicialmente el Gobierno y como se refleja en los Presupuestos Generales. Ese incremento, tras el acuerdo con los sindicatos, se mejorará con un fondo de 10.000 millones de pesetas, ampliable en 3.000 millones más, que se distribuirá con medidas para "apoyar la mejora de la prestación de servicios públicos, dotar de una mayor eficacia a la gestión de la Administración y conseguir un incremento en la calidad del empleo público".La distribución de esos fondos será gestionada por el Ministerio de Administraciones Públicas y las centrales, que deben decidir ahora cómo se reparten los incentivos por aumento de la productividad, bajo el principio de "equidad entre los distintos grupos profesionales". El ministro Acebes avanzó que "las propuestas tendrán que venir de los firmantes", aunque luego deben ser sometidas a la aprobación de la Mesa de la Función Pública.

Desacuerdo de UGT

La Unión General de Trabajadores (UGT) no suscribió ayer esos compromisos, porque, según el responsable de la federación de funcionarios, Julio Lacuerda, son "insuficientes y carecen de credibilidad al haberse cerrado con una precipitación que no está justificada". Este dirigente reprochó a los otros sindicatos que no hayan insistido en reclamar la recuperación del poder adquisitivo perdido este año por la desviación de la inflación en seis décimas sobre lo previsto. Pese a esas críticas, Lacuerda dijo que los órganos de dirección de la federación analizarán el texto el próximo lunes y no descartó que "la decisión sea firmar este acuerdo".

El dirigente de la federación de funcionarios de CCOO, Carlos Sánchez, explicó el pacto cerrado ayer con un prólogo de justificaciones: "En Comisiones no estamos de acuerdo con el Gobierno en la protección de los desempleados [motivo por el que convocará movilizaciones junto a UGT] y firmamos este acuerdo porque rompe una etapa de incumplimientos y recompone las pérdidas salariales de los últimos años". Sánchez aseguró que la mejora de fondos adicionales asciende a 18.935 millones de pesetas, porque suma a los 13.000 millones citados por el ministro Acebes la mejora salarial ya comprometida para el personal de la Agencia Tributaria (1.250 millones de pesetas), de la administración penitenciaria (1.200 millones), los servicios de atención primaria de la sanidad (985 millones) y la que se negocia para las instituciones sanitarias públicas (en torno a 2.500 millones). Según las estimaciones del dirigente de Comisiones Obreras, eso supone un aumento de la masa salarial del 1,14%, además de la subida con carácter general del 2%.

El acuerdo recoge asimismo que los Presupuestos Generales del 2000 incluirán una partida de 5.000 millones de pesetas "para atender imprevistos retributivos que se pueden plantear a lo largo del año", y que ya aparecía en anteriores ejercicios.

Los representantes de la confederación independiente CSIF-CSI aseguraron que el consenso logrado ayer abre "una nueva etapa en la negociación de los empleados públicos y contribuye a la modernización de la administración".

Para mejorar el empleo han acordado eliminar la limitación para reponer las vacantes que se producen por fallecimientos y bajas vegetativas en los ayuntamientos con menos de 50.000 habitantes y en las policías locales. En el resto de la administración se seguirá cubriendo un puesto por cada cuatro vacantes, aunque CCOO ha pedido que se retire la limitación para los bomberos y en otros servicios de atención al público. Ha planteado también que se debe solucionar la eventualidad que hay en el sector, y que asciende en estos momentos a 400.000 contratos temporales. Por ello se propone fomentar políticas para transformar empleo eventual en fijo hasta una cifra en torno a 200.000 personas.