Condiciones del Grupo Popular

Su corresponsal ante las instituciones comunitarias, Xavier Vidal-Folch, nos informaba el 5 de septiembre de las condiciones del Parlamento Europeo para conceder el aprobado general de comisarios y ulterior investidura que permitiera a la nonnata Comisión Prodi entrar, ¡por fin!, en funciones.Entre ellas se encontraría la impuesta por el mayoritario Grupo Popular de que la Comisión "comparta (compartir) parcialmente el derecho de iniciativa -la competencia decisiva de la institución- utilizándola a petición de ésta (la Cámara)".

Lo exigido no es ninguna novedad: Maastricht introdujo en el segundo párrafo del artículo 138.B), hoy artículo 192 del Tratado de la Comunidad Europea, la facultad del PE a instar de la Comisión que ejerza su iniciativa sobre "cualquier asunto que requiera la elaboración de un acto comunitario".

Es cierto que el precepto ha sido letra muerta durante todos estos años, quizá por su carencia de sanción jurídica (no se dice qué ocurre si la Comisión desoye la solicitud), quizá por desidia de los propios parlamentarios, quizá también por la sagaz consideración de que, existente análoga facultad en favor del Consejo (artículo 208, ex-153 TCE), la ruptura del statu quo arrumbaría la prerrogativa institucional de la Comisión al respecto, con daño para todos. (No olvidemos que durante la Conferencia para Amsterdam, Estados hubo que quisieron arañar el monopolio de iniciativa de la Comisión).

Lo que ahora propone el Parlamento es de razón, siempre que no se convierta en un pim-pam-pum desarbolante de la más elemental programación legislativa: la propuesta de Enrique Barón en nombre del Grupo Socialista hacia un pacto de legislatura podría obviar esos riesgos y, sobre todo, garantizar que la Comisión acometería proyectos de siempre propugnados por la Cámara.

Pero la actual mayoría democristiana debería ser consecuente con anteriores posiciones y votos, y no arredrarse ante el anuncio de veto que precisamente -a tenor de lo que también leo el día 5- José María Aznar interpondría a dos de las más señeras y comunes aspiraciones parlamentarias: armonización fiscal capaz de evitar distorsiones competitivas entre los Estados miembros y aprobación de la Quinta Directiva sobre Sociedad Anónima Europea con participación laboral.- .