Hacienda imputa faltas "muy graves" a cuatro inspectores de Valencia

La Agencia Tributaria tiene previsto entregar hoy, a cuatro altos cargos de la inspección de Hacienda en la Comunidad de Valencia, la comunicación de apertura de expediente disciplinario contra ellos por supuestas irregularidades de carácter muy grave cometidas hasta 1996. Entre los expedientados se encuentra el que fuera jefe de la Inspección Regional de Valencia hasta 1996, Alfredo Pérez Lodares y Joaquin Cavas, Juan Carlos Carceller y José Manuel Ojeda, todos miembros de su equipo .

De acuerdo con el régimen disciplinario que se aplica a los funcionarios de Hacienda, las faltas de carácter "muy grave", que según las fuentes consultadas serían la materia de los expedientes, prescriben a los seis años, mientras que las graves lo hacen a los dos.Los afectados, además del ya mencionado Pérez Lodares, formaban parte de la cúpula de la inspección hasta 1996.

La investigación sobre ese grupo de inspectores se inició en febrero de 1997 por orden del secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa. Esta decisión estuvo precedida de una denuncia de la Policía de Valencia contra varios inspectores de Hacienda, algunos de los cuales se encuentran entre los expedientados ahora.

La denuncia aportaba el testimonio de un joven empresario valenciano -detenido en relación con un supuesto delito de tráfico de drogas que se juzgará en Valencia en los próximos días- y apuntan a a la existencia de una red en Hacienda que ofrecía favores de la inspección a cambio de compensaciones económicas.

La denuncia fue tramitada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que también se ocupaba de la denuncia sobre la amnistía fiscal de 200.000 millones que el PP imputó al PSOE. La investigación sobre Valencia fue finalmente archivada por el juez a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Segundo informe

Mientras tanto, el Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la Agencia Tributaria concluyó un primer informe sobre irregularidades generales de funcionamiento en la delegación de Valencia. El responsable de ésta, Vicente Rambla, siguió, según fuentes de la Agencia, las directrices del SAI.

Posteriormente, en la primavera de este año, el SAI comenzó a elaborar un nuevo informe sobre la base de la documentación examinada durante la investigación anterior.

Según las fuentes de la Agencia Tributaria consultadas ayer, este segundo informe, que concluyó en los últimos días de julio pasado, incluía la propuesta de apertura de expediente disciplinario contra los cuatro inspectores.

Ahora, tras la comunicación hoy a los afectados, la Agencia Tributaria deberá nombrar instructores para el expediente y, posteriormente, informar de cuáles son las irregularidades concretas que se les imputan.

Fuentes de la Agencia Tributaria citadas por la agencia Efe agregaron ayer que la investigación no ha puesto de manifiesto actuaciones que pudieran suponer indicio de delito, por lo que las conclusiones no serán remitidas a la fiscalía.