Actuación desmedida

LA POLICÍA lesionó el derecho de reunión y de manifestación al cargar de forma absolutamente desproporcionada contra los estudiantes que esperaban el 14 de enero pasado la llegada de José María Aznar al Instituto Nacional de Microelectrónica, en la Universidad Autonóma de Barcelona (UAB) para protestar contra la política educativa gubernamental. Así de contundente es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre unos sucesos que recordaron ominosos tiempos pasados, causaron conmoción en el ámbito académico y estuvieron a punto de provocar una crisis política. La resolución judicial no sólo constituye una desautorización en toda regla de la actuación policial, sino también de sus justificaciones por parte del Gobierno. Y da la razón a las autoridades de la UAB, que la consideraron "brutal e inoportuna", además de atentatoria contra la autonomía universitaria.Para el tribunal, la manifestación estudiantil fue plenamente legal, aunque no fuera comunicada previamente a la autoridad, pues "se llevó a cabo en un espacio que, sin ser estrictamente universitario, tampoco podría ser entendido como de tránsito público, al no ser lugar de paso sino para los propios centros docentes de la UAB". No era, pues, necesaria la comunicación con 10 días de antelación que la ley exige para las reuniones en lugares de tránsito, como alegó la Delegación del Gobierno en Cataluña. El tribunal reconoce que una parte de los estudiantes "hicieron un uso desmedido, agresivo y, por tanto, antidemocrático de su derecho a reunirse". Pero, en vez de intentar que la asamblea discurriera por cauces pacíficos, la policía optó por disolverla sin más, impidiendo ejercer su derecho no sólo a los alborotadores, sino a quienes se mantenían al margen. La actuación de la fuerza pública en el campus de la UAB no fue, pues, "adecuada a las circunstancias" como en su día afirmó el ministro portavoz; y consistió en algo más grave que una mera "imprevisión" como la calificó en el Congreso el titular de Interior. Comportó la lesión de un derecho de aquellos que legítimamente lo ejercían. Alguien debería responder por ello.