Atado, pero mal atado

Por primera vez empieza a comprobarse en Chile que el entramado jurídico-político legado por el dictador no estaba tan atado y bien atado como pensaban los cerebros del régimen militar. Instrumentos que parecían incuestionables y garantizaban la impunidad de los uniformados como, por ejemplo, la Ley de Aministía, muestran algunas grietas. Militares de alta graduación están detenidos y procesados a pesar del decreto aprobado por Pinochet en 1978.¿Cómo ha sido esto posible? Sencillamente, porque ahora hay jueces que se atreven a decir que la desaparición forzosa de personas es un delito equivalente al secuestro permanente, y, por tanto, no prescribe. Y porque hay jueces dispuestos a investigar delitos cometidos después de 1978, fecha límite de la cobertura de la amnistía, como el asesinato del dirigente Tucapel Jiménez, en 1982, por el que han sido detenidos los generales Gordon y Schmied.

El Gobierno admite, tal y como ha declarado el ministro de la Presidencia, José Miguel Insulza, que existe un clima político cargado y enrarecido. Obligado a respetar la separación de poderes, el Ejecutivo no puede inmiscuirse en las decisiones de los jueces, por lo que persiste en una estrategia que hasta le fecha no le ha reportado éxito alguno: satanizar a España y a su Gobierno por querer juzgar al general Augusto Pinochet.