La Junta abre expediente sancionador a un asilo de Málaga por carencias graves

Un demoledor informe del Ayuntamiento de Málaga que desvelaba "la situación de abandono, el estado infrahumano y las terribles condiciones sanitarias" de un asilo que pese a tener licencia para 30 plazas alojaba de "80 a 100" ancianos La Delegación de Asuntos Sociales de la Junta ha abierto un expediente sancionador por "deficiencias graves" contra la residencia Dulce Hogar. La decisión se adoptó después de que el Consistorio hiciera públicas las irregularidades y arremetiera contra la pasividad de la Junta.

Asuntos Sociales justificó el expediente sancionador en la insuficiencia de personal, la falta de medidas contra incendios y el incumplimiento de la superficie mínima exigida en algunas habitaciones. Los argumentos fueron dados a través de una nota, ya que la delegada, Ana Paula Montero, eludió a la prensa durante toda la jornada. El PP malagueño no tardó en pedir su dimisión, como ya lo hizo en abril por un caso de malos tratos a una niña de nueve meses que tampoco fueron detectados por la Junta. Para la secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez, que ayer estuvo en Málaga, en el caso de Dulce Hogar, la Delegación de Asuntos Sociales de la Junta no actuó con celeridad ya que tardó más de dos meses en ordenar una inspección desde que recibió una denuncia vecinal. La concejala del área en el Ayuntamiento de Málaga, Mariví Romero, fue a los detalles. Los vecinos remitieron la carta a la delegación el 7 de julio (El escrito aportado por la edil carecía de fecha de registro). Ante la falta de respuesta de la Junta, los denunciantes comunicaron las irregularidades al Ayuntamiento el 7 de septiembre. Ése día, el Consistorio dio aviso telefónico a la delegación de Asuntos Sociales y el 9 de septiembre ordenó una inspección. El informe del técnico es demoledor: situación deprimente de abandono, estado infrahumano, pasillos que en determinados casos son subterráneos, ancianos en condiciones deplorables y sin asistencia, condiciones higiénico sanitarias terribles, olor insoportable, incumplimiento de las normas sobre barreras arquitectónicas, puertas de evacuación cerradas con llave y estado lamentable de conservación. El inspector constató además que mientras la licencia de la Junta contempla como geriátrico un inmueble, había otras cuatro viviendas donde se alojaban más residentes. La resolución de la administración andaluza -que hasta el jueves no mandó a sus inspectores- matiza que el asilo está dentro de un régimen transitorio que permite su adecuación hasta marzo del 2000, pero que la gravedad de las deficiencias justifica la apertura del expediente y que sean inmediatamente solventadas. En medio de la polémica, Amalia Gómez urgió a la Junta a elaborar una guía de las residencias legales de la comunidad para poner coto a los abusos de asilos que proliferan al margen de la ley: "Las residencias ilegales no se detectan con radar, sino con seguimiento", dijo. Según su propuesta, los ayuntamientos deberán colaborar con la Junta en la elaboración "urgente" de la guía. IU atribuyó los abusos a la falta de 7.000 plazas para mayores en Andalucía.