El Estado pagará 20 millones a un inocente que pasó 13 meses en prisión

El Estado deberá pagar algo más de 20 millones de pesetas a un joven que permaneció 13 meses y cinco días en prisión preventiva por los delitos de violación y amenazas antes de quedar absuelto, al no probarse durante el juicio la existencia de estos delitos, según una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Antonio Campos Jaén estuvo en prisión desde el 6 de septiembre de 1989 hasta el 11 de octubre de 1990, fecha en la que fue absuelto por la Audiencia Provincial de Alicante. Los magistrados de la Audiencia Provincial decidieron absolver al acusado al no haber quedado demostrado que hubiera habido acceso carnal con la denunciante ni fuerza o intimidación. La chica quedó embarazada, aunque, según sus propias declaraciones, también mantuvo relaciones sexuales con su novio en esas fechas. Los jueces que absolvieron al denunciado llegaron a la conclusión de que no está probada la versión del suceso ofrecida por la supuesta víctima, ni siquiera en grado de indicio, y varios de los testigos desmintieron los hechos narrados por la víctima.

Un informe médico confirmó que el embarazo y el posterior aborto no databan del encuentro que la denunciante y el denunciado mantuvieron, lo que llevó a absolver al acusado "por haber descartado la existencia de los delitos de violación y amenazas", según la sentencia de la Audiencia de Alicante.

Trastornos de lenguaje

La indemnización que establece el alto tribunal considera las circunstancias en las que el joven estuvo 401 días en prisión preventiva. "Con 21 años, apenas sabía leer y escribir, presentaba trastornos del lenguaje, tenía una inteligencia en el límite de la normalidad o disminuida, y residía en una población con escaso número de habitantes, donde resultaba muy difícil sustraerse a la presión ambiental derivada de habladurías y actitudes vecinales hostiles", explica la sentencia del Tribunal Supremo. Los magistrados del alto tribunal recuerdan en la sentencia la situación "insegura e inquietante" que los presos, preventivos o no, sufren cuando están acusados de delitos de violación, lo que produjo una "grave depresión" en el joven.

De hecho, durante su periodo de ingreso en prisión, el joven intentó suicidarse ingiriendo un producto químico denominado salfumán, lo que le causó graves heridas intestinales.

A los problemas psicológicos y sociales que la prisión preventiva causó al joven, los magistrados suman los días laborales perdidos a causa de su internamiento. Todo ello suma la cantidad de 20.118.834 pesetas, que la Administración del Estado deberá abonar al joven.

Esta sentencia anula la resolución del Ministerio de Justicia del 11 de marzo de 1992 en la que se desestimó la reclamación presentada.