La política de competencia

La competencia es un valor en alza. Ello, seguramente, deriva del reconocimiento de la superioridad del mercado como mecanismo de asignación de recursos. Sin embargo, el funcionamiento de los mercados se aleja bastante del modelo teórico e ideal de competencia perfecta, que supone un número muy elevado de oferentes y un producto absolutamente homogéneo cuyo precio se iguala al coste de los recursos empleados para obtener la última unidad producida. En el mundo real, la situación predominante es el oligopolio o, si acaso, la competencia monopolística, ya que, incluso en el caso de existir un número elevado de oferentes, las empresas tienen cierta capacidad de diferenciación de su producto, lo que les otorga poder de mercado. Partiendo de esta realidad, se fundamenta y justifica que los Gobiernos vigilen el funcionamiento de los mercados a través de la política de competencia. Así, EE UU, paradigma de la economía de mercado, cuenta con la más larga e intensa tradición antitrust, habiendo sido aprobado su corpus central de legislación antimonopolio hace más de un siglo. En España, el primer intento serio de política de competencia lo tenemos en la Ley del 98, cuya aprobación se realiza para acomodarnos a la normativa comunitaria. No obstante, actualmente se ha intensificado la urgencia de contar con una política antimonopolio eficaz como consecuencia de dos causas interrelacionadas. Primero, la adopción del euro supone la pérdida de instrumentos de política económica -tipo de cambio y política monetaria-, lo que hace aún más relevante el garantizar un funcionamiento adecuado de los mercados de bienes y servicios. Además, el intenso esfuerzo de privatización y liberalización llevado a cabo en los últimos años en España demanda vigilar con especial atención el comportamiento de aquellas empresas que fueron anteriormente monopolios, evitando abusos de posición de dominio y la introducción de barreras de entrada a nuevos competidores.

Por ello, la política de competencia ha sido y es una pieza transcendental de la política económica del Gobierno, lo que se ha concretado en numerosas actuaciones. Así, en el paquete de medidas de junio del 96 se amplió al ámbito de aplicación de la Ley de Competencia a las instituciones públicas. Esta modificación tiene una importancia singular puesto que la experencia demuestra que son las empresas públicas, y, últimamente, con especial intensidad las autonómicas y locales, las que producen un mayor número de ofensas a la competencia. Más próximamente se ha modificado el entramado de control de concentraciones pasando de un sistema de notificación voluntaria a otro obligatoria, en línea con lo existente en la Unión Europea. A su vez, los órganos de defensa de la competencia han intensificado notablemente su vigilancia sobre el proceso de concentración empresarial para evitar que la, en muchas ocasiones lógica búsqueda de mayor escala vía fusiones y adquisiciones, afecte negativamente a los consumidores y usuarios. Acuerdos recientes del Consejo de Ministros en ámbitos como el azúcar, las fusiones bancarias o el energético son ejemplos claros del cambio de política efectuado. Por último, el Gobierno ha remitido hace pocos meses al Parlamento un proyecto de nueva Ley de Competencia en el que se otorgan más funciones e independencia al Tribunal de la Competencia, y se simplifica el procedimiento administrativo, estableciéndose plazos más cortos en las actuaciones del Servicio y el Tribunal de Competencia.

El planteamiento anterior no deja, evidentemente, de tener enemigos y críticas. El principal adversario se encuentra en aquellos que consideran que la política económica debe ir dirigida básicamente a favorecer la existencia de empresas grandes y poderosas. Esta línea de pensamiento, de carácter neomercantilista, olvida, a mi entender, que al calor de la protección surgen únicamente gigantes con pies de barro, y que las empresas más fuertes y eficientes son aquellas sometidas a la rivalidad de sus competidores. Otras fuentes de crítica provienen de las escuelas austriaca y de Virginia, que resaltan que las autoridades antitrust toman sus decisiones con una visión estática y que en ocasiones buscan objetivos distintos que la defensa del interés general. De cualquier modo, parece claro que la política de competencia jugará en el futuro un papel cada vez más activo como elemento que facilita la competencia entre el lógico comportamiento maximizador de beneficios de las empresas y los intereses de los consumidores.

Luis de Guindos es director general de Política Económica y Defensa de la Competencia.