Sale Aznar

Hacía mucho tiempo que el presidente no comparecía al final de un Consejo de Ministros. Lo hizo ayer, sin que quedara claro el motivo concreto de su aparición, fuera del obviamente propagandístico de elogiar su gestión al inicio de un curso muy electoral. Tras la conferencia de prensa sólo cabe conjeturar que tenía interés en precisar algún extremo sobre el proceso de paz en el País Vasco y, de paso, anticipar una subida de las pensiones más bajas para tratar de inclinar a su favor la polémica sobre esta materia. Su mensaje fue que no hay por qué esperar a que se celebren las elecciones para avanzar en los contactos con ETA destinados a convertir en definitivo el alto el fuego indefinido. En medios nacionalistas viene circulando desde hace meses la idea de que no habrá verdaderos avances en la negociación mientras el Gobierno tenga las manos atadas por la proximidad del proceso electoral. Se trata de un viejo prejuicio nacionalista según el cual lo que ellos llaman "Madrid" no puede hacer movimientos de apertura política hacia las reivindicaciones abertzales porque eso hace perder votos en España. La idea subyacente es que el Ejecutivo carece de argumentos para oponerse a las justas aspiraciones vascas pero no se atreve a reconocerlo por temor a resultar impopular.

Frente a ese planteamiento, Aznar reiteró ayer la disponibilidad del Gobierno para reanudar los contactos "inmediatamente", precisando que si no se han producido ha sido "porque los otros no quieren". Pero también recordó que una cosa es el diálogo para la paz y otra la pretensión de obtener un beneficio político por dejar de matar. Disposición a avanzar en el proceso de paz, sí; a desbordar la legalidad o provocar la quiebra del Estado, no. En este aspecto su mensaje fue claro.

No lo fue tanto su empeño en negar que fuera un "gesto" la decisión de acercar a Euskadi a un centenar de presos de ETA. De su propia explicación se deduce que justamente se trata de un gesto político destinado a hacer más costoso -y, por tanto, más improbable- el regreso de ETA y de favorecer el consenso de las fuerzas democráticas. Por tanto, es una medida política, y no, como volvió a sostener ayer Anasagasti, el mero cumplimiento de la legalidad vigente.

Respecto al tema de las pensiones, convertido ya en motivo central de la confrontación electoral, Aznar dio la impresión de querer personalizar la decisión de subirlas, tal vez para compensar la evidencia de que la iniciativa no ha sido suya: tiene razón al afirmar que sería un disparate entrar en una dinámica de pensiones diferentes en cada comunidad, pero su partido se opuso a subirlas de manera homogénea cuando el asunto fue planteado en el Parlamento.