El estado de la revolución chavista

ENVIADO ESPECIALLos venezolanos hartos del hampa secundan la propuesta del gobernador de Caracas de fusilar en las plazas públicas a los violadores y asesinos con un entusiasmo parecido al manifestado cuando el ahora presidente Hugo Chávez prometió el pasado año freír las cabezas de los políticos corruptos. Para entonces, los paupérrimos cerros capitalinos reclamaban la instalación de patíbulos para colgarles del pescuezo y confiscar sus propiedades: desde el Ejecutivo y el Congreso, a los tribunales o los sindicatos.

El presidente y la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) acometieron hace un mes la prometida revolución obligados por aquellos tambores de guerra, sin haber medido bien las consecuencias de sus primeras exhibiciones de poder, con un ímpetu que en amplios sectores de la opinión nacional y foránea se percibió ilegal, vengativo, o innecesariamente duro con los rescoldos del viejo bipartidismo. Chávez y su brazo político acogotaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hasta rendirla, intervinieron el Congreso, con el que han llegado, gracias a la mediación de la Conferencia Episcopal, a un acuerdo de cohabitación esta semana, y revisan la transformación de los otros poderes menos aceleradamente, aunque apremiados por las bases, que exigen arrasar más y negociar menos, y la comunidad internacional, que les pide moderación.

Los últimos acontecimientos registrados en este país de 23 millones de habitantes, castigado por los fracasos de la democracia salida del derrocamiento, en 1958, de una dictadura militar, demuestran que el Gobierno ha reculado en su arremetida contra los poderes constituidos porque éstos acabaron sublevándose. No se cede en lo esencial: su desaparición a corto plazo. "Estamos ante una revolución light", sostiene el oficialista Carlos Tablante, miembro de la Comisión Judicial de la Constituyente, donde el Polo Patriótico controla 120 de sus 131 escaños.

Trino Márquez, profesor de la Universidad Central de Venezuela, no parece estar tan seguro: teme que el impulso de un presidente aplaudido por casi el 80% de las últimas encuestas sea aprovechado para copar los nuevos poderes del Estado, las gobernaciones y alcaldías, y se establezca un esquema de dominación semejante al aplicado en México, durante 70 años, con el Partido Revolucionario Institucional. "Vamos camino de una forma novedosa de autoritarismo, de un autoritarismo plebiscitario".

Inerme el poder legislativo, y sin ganas de pelea el Supremo, el asalto a las estructuras del Estado se efectúa con un ojo puesto en la capacidad de maniobra y denuncia de los partidos tradicionales en los foros extranjeros, y con el otro atento a la impaciencia exhibida por los miembros más irritados de una sociedad que perdió en los últimos 20 años el 75% de su capacidad adquisitiva. "No les dejan hacer", protesta César Palacios.

El combate a la corrupción, y el anunciado encarcelamiento de los sinvergüenzas, satisfarán a quienes atribuyen su postración al mafioso vaciamiento de las arcas públicas, pero no reactivará el PIB, meta tan urgente como la purificación moral. El paro se sitúa en torno al 20% y la economía informal ocupa a un 50% de la población activa. En total, el 80% sufre pobreza.

No todo son desgracias. El aumento del precio del barril de petróleo, de siete dólares a casi quince, en esta nación dependiente del crudo ampliará las reservas en divisas hasta los 20.000 millones de dólares (3,2 billones de pesetas) a final de año. Con más dinero del previsto, crece el margen de maniobra de Chávez, ganador de las elecciones presidenciales de diciembre con el 56% de los votos. La banca colaboró bajando los tipos de interés, y los empresarios reclaman más inversión pública y un programa económico claro. El ministro de Hacienda responde: "Hablen menos y generen empleo".

La prioridad de Chávez es política. "Quiere convertir a Venezuela en otra Cuba en los sectores de la salud, la educación y el deporte", dice un analista. Consciente de que en meses deberá llamarse a referéndum para ratificar la nueva Carta Magna y a elecciones legislativas, la dirección de la coalición gubernamental Polo Patriótico mantiene a intervalos el discurso tremendista para no perder el interés de su electorado. Paralelamente, atempera en reuniones privadas el atosigamiento de los flancos más ultras de la alianza. Unos y otros apuestan a que la Constitución y la actual hegemonía quedarán refrendadas en las urnas. Entonces, anticipan las fuentes, llegará el verdadero proyecto económico y una depuración a fondo de poderes del Estado, empresas públicas y sindicatos.

El Ejecutivo niega intenciones totalitarias, y trata de entenderse con la oposición porque las turbulencias castigan la economía, provocan el ruido internacional y ponen en peligro el nacimiento de la V República. "Si el Gobierno de Chávez fracasa, en Venezuela entraremos en una situación de violencia similar a la de Colombia", advierte David de Lima, presidente de la Comisión Legislativa de la Asamblea. La Constituyente salida de las elecciones del pasado 25 de julio y el Congreso elegido en noviembre de 1998, donde la oposición es mayoría, han llegado a un pacto de coexistencia hasta la convocatoria a elecciones. Se trata de evitar turbulencias que afecten definitivamente a la revolución de los boinas rojas de Chávez.