El Consejo de Estado avala las tesis del Gobierno en el conflicto de las pensiones

El Consejo de Estado cree que existen fundamentos jurídicos para el conflicto de competencias interpuesto por el Gobierno contra la decisión de la Junta de Andalucía de subir las pensiones no contributivas por encima de las del resto del Estado. El organismo consultivo estima que esas prestaciones forman parte de la Seguridad Social y que corresponde al Estado la competencia exclusiva en la legislación y en el régimen económico.

Los argumentos del Consejo de Estado dan la razón al Ejecutivo central en su enfrentamiento con el Gobierno andaluz, que preside el socialista Manuel Chaves. Según fuentes de la Administración, el organismo consultivo del Gobierno ha aprobado un informe en el que se apoya en la doctrina del Tribunal Constitucional para avalar que continúe el conflicto de competencias. En él analiza el decreto por el que la Junta aprobó la subida de las pensiones no contributivas en diciembre pasado, y recurrido ante el TC por el Gobierno central. Esa norma invocaba las competencias que le da el Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre "asistencia y servicios sociales", con la posibilidad de establecer prestaciones económicas en favor de personas con necesidades básicas.

Sin embargo, el Consejo de Estado estima que el Constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del concepto de "asistencia social", y que ha resaltado que se refiere a colectivos a los que no alcanza la Seguridad Social.

Su criterio es que las pensiones no contributivas se integran dentro de las prestaciones de Seguridad Social, "ostentando el Estado la competencia exclusiva en cuanto a la legislación básica y el régimen económico". Y, en consecuencia, cree que la determinación de las cuantías de las pensiones se han de fijar en la Ley de Presupuestos del Estado.

La conclusión del Consejo de Estado es que es al legislador estatal a quien compete determinar esas pensiones, y que resulta contrario al orden constitucional que una comunidad autónoma estime insuficiente la cuantía de las mismas, como expresamente dice el preámbulo del decreto de la Junta.

Asimismo, argumenta que el objetivo de que esa materia sea competencia exclusiva del Estado es preservar "la unidad del sistema español de Seguridad Social para todos los ciudadanos" y garantizar al tiempo "la igualdad en el ejercicio de los derechos". También rebate que la subida de pensiones se pueda aplicar porque se financia con cargo al presupuesto andaluz, y asegura que "el hecho de invertir fondos propios no es título competencial".

Este informe se produce después de que el Tribunal Constitucional levantase, en julio pasado, la suspensión de la subida de pensiones, aunque todavía no ha fallado sobre el fondo de la cuestión para determinar si se atiene a la Carta Magna la decisión de la Junta. La sentencia definitiva debe analizar el incremento adicional que han recibido 107.000 andaluces con pensiones no contributivas, consistente en una paga única de 9.395 pesetas, medida que hace unos días ha sido aprobada también por la Generalitat para los pensionistas catalanes.