Bienestar Social investiga al delegado de CDC en el Ripollès por un fraude en un hogar de ancianos

El Departamento de Bienestar Social de la Generalitat confirmó ayer que ha abierto un expediente para aclarar presuntas irregularidades denunciadas en las cuentas del hogar de ancianos de Ripoll (Ripollès). A pesar de que el departamento no quiso entrar en pormenores ni desvelar la identidad de las personas investigadas aludiendo al secreto del expediente, diversas fuentes confirmaron que toda la responsabilidad de las cuentas recae sobre el delegado de Bienestar Social en el Ripollès, Valentí Clarena, quien, como gerente, maneja los fondos propios del hogar de ancianos y los que llegan a través de subvenciones del departamento. Clarena también ocupa el cargo de delegado comarcal de Convergència Democràtica (CDC) en el Ripollès. Dirigentes del Partit dels Socialistes (PSC) y de Esquerra Republicana (ERC) de la comarca reclamaron ayer que se realice una auditoría que clarifique los movimientos económicos de la oficina de Bienestar Social en Ripoll. Las deudas acumuladas por el hogar de ancianos de Ripoll durante el último año en diversos comercios y restaurantes del municipio están en el origen de las presuntas irregularidades. Al parecer, los fondos habilitados por la junta del centro para cubrir sus dispendios no llegaban a sus destinatarios o, en algunos casos, lo hacían con una inexcusable tardanza. Fuentes del PSC señalan que la propia junta descubrió a finales del pasado mes de junio el agujero existente en sus cuentas e intentó evitar que el caso saliera a la luz pública pagando algunas deudas pendientes con fondos propios destinados a otros menesteres. El diputado del PSC Pere Jordi Piella aseguró ayer que ha intentado, sin resultado, recabar información sobre el expediente que ha abierto la Dirección General de Acción Cívica, dependiente de Bienestar Social. El diputado asegura que la junta del hogar de ancianos llegó a plantearse la dimisión en pleno cuando tuvo constancia de un posible desfalco, pero que finalmente optó por un pacto de silencio que evitara cualquier escándalo. Trámite de urgencia El Departamento de Bienestar Social aseguró ayer que el expediente abierto se resolverá con urgencia, seguramente en una semana, y que si se observan indicios de delito en la gestión del hogar de ancianos de Ripoll, remitirá el informe a los tribunales. En este caso podrían verse implicados también los miembros de la junta que habrían decidido no denunciar el caso. Si las irregularidades advertidas no constituyen delito penal, podrían resolverse dentro del ámbito administrativo, con una multa o una suspensión. El portavoz de Bienestar Social dijo que el caso se investigará a fondo, a pesar de que, "aparentemente parece tratarse de un asunto menor". El secretismo imperante entre los comerciantes de la población hace difícil cuantificar los fondos que no llegaron a su destino, aunque algunas fuentes estiman que se sitúan en torno a 1,5 millones de pesetas. Más que la posible cantidad defraudada, la gravedad del caso radicaría en el cargo del presunto defraudador y en el objetivo de su desfalco, un hogar de ancianos. Piella aseguró que resulta muy difícil denunciar irregularidades o atropellos cometidos en una pequeña localidad de la Cataluña interior a causa de la interdependencia económica y social de sus habitantes. En la mayoría de los casos, los ciudadanos prefieren callar y resolver los asuntos sin que rebasen sus fronteras. Durante los últimos días, en los que algunos medios de información han empezado a investigar el caso, se han saldado a toda prisa todas las deudas pendientes y ninguno de los comerciantes está dispuesto a acreditar que tenía las operaciones con el hogar de ancianos en la lista de los impagados. Clarena mantuvo hace un tiempo una polémica porque se le reprochó que pusiera un cartel en la oficina de Bienestar Social informando a sus visitantes de que podían encontrarle en la sede de CDC. Este periódico no pudo localizarle ayer, ni en el hogar de ancianos, ni en la oficina de Bienestar Social.