El expresidente panameño, acusado de traficar con visados ilegales

Ernesto Pérez Balladares entregó el poder la semana pasada a la nueva presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, en medio de graves denuncias vertidas por la que fue su jefa de espionaje, que le acusa de haber concedido a cambio de dinero visados turísticos para emigrantes chinos cuyo objetivo final era llegar a EEUU. La superespía Samantha Smith dice que está dispuesta a comparecer ante un tribunal estadounidense.

Fuentes del Congreso norteamericano consideran que Smith es una testigo "creíble". La obtención de papeles panameños era uno de los pasos intermedios en una operación de tráfico de emigrantes ilegales chinos a EEUU a través de Panamá. Las declaraciones de la exdirectora del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional revelan una historia que incriminaría al expresidente panameño y a sus más estrechos colaboradores. Smith, abogada mercantil entrenada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU, asegura que quiere hablar para no convertirse en el chivo expiatorio. El asunto se destapó cuando, en agosto, se supo que la Embajada de EEUU en Panamá había revocado en junio el visado de Smith por sospecharse que formaba parte de la red que vendía visados panameños a ciudadanos procedentes de China continental, Hong Kong y Taiwan. Ella dimitió. Con apenas 22 años de edad, Smith comenzó a trabajar como analista para el Consejo de Seguridad en 1990. Se convertió en la espía jefe de la entidad en septiembre de 1998.

En agosto de 1998, cuando Smith era todavía la segunda del Consejo, el secretario presidencial, Rómulo Abad, le llevó 15 visados que no contaban con los requisitos adecuados. Abad le pidió que diera su visto bueno sin hacer preguntas. Gabriel Castro, director en ese momento del Consejo, le ordenó que lo hiciera. El Consejo aprueba permisos para ciudadanos de ciertos países "migratoriamente sensibles" como China.

Las visitas de Abad se sucedieron a lo largo de los meses siguientes, durante los cuales Smith fue ascendida. Ella dice haber presentado una resistencia creciente a aprobar los visados, pero lo cierto es que admite haber concedido 137 visados especiales en esas condiciones. En total, entre agosto de 1998 y abril de este año, el Consejo de Seguridad dio el visto bueno a 537 de estos permisos, 400 de ellos de forma regular. Asimismo, en el plazo de cuatro años, el Gobierno concedió 3.032 visados a chinos, según datos de Migración.

Presión de los acreedores

La insistencia de Abad no cesaba y, en una ocasión, Smith acudió al despacho de Pérez Balladares, quien, según cuenta la espía a EL PAÍS, le dijo: "Estas visas están comprometidas, hay que darlas, yo tengo mis obligaciones. ¿Qué voy a hacer con mis acreedores? Yo tengo gastos que cubrir". Según publica el diario La Prensa de Panamá, por cada visado se cobraba hasta 15.000 dólares (2,4 millones de pesetas). La carrera de Smith acabó cuando EEUU le denegó su visado y, a los pocos días, José Luis Sosa, jefe de la Policía Nacional, le comunicó que debía dimitir. Pérez Balladares elude toda responsabilidad y se aferra a la retirada del visado estadounidense de Smith, algo que luego repite un comunicado del Ministerio de Gobierno y Justicia. Posterioremente, el presidente aseguró: "Es una conspiración con clara intención de perjudicar al país... y a mi imagen personal".

"Quiero que me juzguen", insiste Smith, que ha retado al presidente a someterse a un polígrafo para saber quién está mintiendo. "Soy inocente", dice, "yo obedecía órdenes del presidente. Otorgar visas no era una facultad del Consejo de Seguridad".

El Departamento de Justicia de EEUU está gestionando una entrevista con Smith, según The Miami Herald. "Ella quiere hablar con nosotros, y nosotros queremos hablar con ella. Es sólo cuestión de tiempo", dijo un funcionario de Washington. Smith niega contacto alguno, oficial u oficioso, con las autoridades de EEUU. Por su parte, el congresista estadounidense Dana Rohrabacher declaró en Panamá que la ex funcionaria es "un testigo creíble y es digna de crédito", por lo que será llamada a declarar ante el Comité de Asuntos Internacionales del Congreso.