El CGPJ nombra nueva juez para investigar el vertido de Aznalcóllar
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado a Patricia Fernández Franco para ocupar la plaza que dejó vacante la magistrada Celia Belhadj-Ben el pasado 30 de abril como titular del Juzgado de Instrucción número dos de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), encargado de la instrucción judicial sobre las causas del vertido tóxico que se produjo en el río Guadiamar en abril del año pasado. Éste será el primer destino de Fernández, que pertenece a la última promoción de jueces, según informó ayer Europa Press. Un portavoz del CGPJ confirmó que la nueva magistrada se incorporará al juzgado de Sanlúcar la Mayor en las próximas semanas. Fernández se encontrará con más de 30 tomos en los que se recogen las declaraciones tomadas por su predecesora en el cargo a los 21 imputados en la causa. La anterior instructora, Celia Belhadj Ben, que dejó el caso el pasado mes de abril para hacerse cargo de otra plaza judicial en Dos Hermanas (Sevilla) realizó las últimas citaciones en septiembre del año pasado. Desde entonces, la investigación está parada a la espera del informe técnico sobre la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar (que provocó el vertido). Belhadj Ben encargó en mayo de 1998 el informe pericial a dos profesores de la Universidad Politécnica de Barcelona, pero su trabajo se vio retrasado porque la empresa encargada de realizar los sondeos en la balsa accidentada reclamó que la Junta de Andalucía le garantizara el pago de sus servicios. Las prospecciones se reanudaron este año, lo que no ha impedido que el informe técnico acumule un retraso de más de 12 meses sobre lo previsto. Nuevas citaciones La nueva titular del juzgado de Sanlúcar la Mayor podría volver a tomar declaración a alguno de los imputados o hacer nuevas citaciones, tras conocer el informe de los peritos sobre las causas de la rotura de la balsa de residuos de Boliden, que dejó escapar más de dos millones de metros cúbicos de lodo tóxico sobre el valle del Guadiamar, cuya limpieza (aún inacabada) ha costado a las administraciones central y autonómica más de 20.000 millones de pesetas. La mayor parte de los testimonios corresponden a empleados de Geocisa, la firma contratada por Boliden para supervisar la estabilidad de la balsa minera. Otros seis pertenecen a trabajadores de la firma propietaria de la mina y los otros encausados son dos funcionarios de la Consejería de Industria y otro del Instituto Tecnológico Geominero Español (ITGE). El fiscal sobre asuntos medioambientales de la Audiencia de Sevilla, Arcadio Martínez, consideró que la nueva juez tardará al menos un mes en ponerse al corriente de la investigación sobre el vertido de Aznalcóllar. Tanto el coordinador del Gobierno central, Félix Pérez Miyares, como el consejero de Medio Ambiente, José Luis Blanco han insistido en los últimos días en exigir celeridad en la instrucción para evitar prolongar durante años la causa.
