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Tribuna:

El general ya tiene quien le defienda

Los contactos diplomáticos emprendidos hace varias semanas por el Gobierno chileno para conseguir la aceptación por el Gobierno español de un arbitraje sobre la situación procesal de Pinochet (cuya extradición desde Gran Bretaña fue solicitada por la Audiencia Nacional y cursada por el Consejo de Ministros hace casi un año) tropezaron inicialmente con la reserva formulada por Chile, al firmar la Convención Internacional contra la Tortura de 1984, respecto al artículo 30 de su texto, regulador de esos mecanismos de arbitraje. Sin embargo, el levantamiento -el pasado 3 de septiembre- por el Gobierno chileno de esa reserva ha permitido a su ministro de Asuntos Exteriores dirigirse a su colega español para pedirle formalmente el inmediato inicio de las conversaciones sobre la materia. Parece altamente improbable, por lo demás, que Aznar acepte la solicitud chilena de confiar a un arbitraje o al Tribunal Internacional de La Haya el derecho de reconocer o de negar a España el ejercicio de la jurisdicción universal sobre los crímenes contra la humanidad en el caso Pinochet; las vísperas electorales no serían el mejor momento para adoptar una medida conflictiva con el Poder Judicial y ofensiva para la mayoría de la opinión publica. Entre tanto, los abogados españoles designados por Pinochet para cuidar de sus intereses han solicitado -con el entusiasta respaldo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional- la personación de su cliente en el sumario; los letrados tratan de hacer compatible esa pretensión con el simultáneo rechazo de la jurisdicción española sobre el caso. La respuesta dada por el juez Garzón a esa petición de la defensa privada y de la acusación pública ha sido emplazar a Pinochet para que se presente en Madrid a fin de ratificar el escrito de designación de abogados y de personación en la causa. Aun siendo cierto que el derecho a la defensa de los acusados no implica el deber de los letrados de ponerse al servicio de cualquier cliente (salvo las designaciones de oficio), tampoco los usos del foro exigen la identificación ideológica o la empatía personal entre el procesado y su abogado; Stampa Braun, por ejemplo, es un auténtico todoterreno en los tribunales: antes de hacerse cargo de los intereses de Pinochet, este veterano abogado, que intervino ya en el caso Sofico y el caso Reace, ha defendido a Tejero en la Operación Galaxia, a Rafael Escudero en el caso Urquijo, a Pérez Escolar en el caso Banesto, a Sancristóbal en el caso Marey y a los narcotraficantes del barco Tammsaare.

La complejidad jurídica del caso Pinochet ofrece a los defensores del dictador excelentes oportunidades para buscar argumentos técnico-jurídicos favorables a su cliente dentro de los intersticios del derecho internacional y de las normativas española y británica. Pero las falacias ideológico-políticas aducidas por los abogados de Pinochet para minimizar los millares de asesinatos perpetrados bajo su mandato (los millones de víctimas de Hitler, el coste comparativamente mayor de una hipotética guerra civil y el hecho de que los muertos no fueran judíos europeos sino rojos chilenos) resulta lacerante para su memoria. El fiscal general del Estado y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional tuvieron ya ocasión de comprobar los contraproducentes efectos de sus torpes tentativas de defender a las dictaduras del Cono Sur con el inverosímil argumento de que no se proponían subvertir el orden constitucional sino sólo subsanar temporalmente sus defectos.

Aleccionado tal vez por esa experiencia, Ignacio Gordillo, miembro destacado del equipo de fiscales indomables de la Audiencia Nacional capitaneado por Fungairiño, advierte a sus lectores (La Razón, 31-8-1999) que "nadie puede estar a favor de Pinochet si es cierto que por acción u omisión" conculcó los derechos humanos de los chilenos durante su mandato; este arcángel flamígero de la acusación pública pone en guardia, sin embargo, contra los innominados adversarios del Estado de Derecho y de las garantías constitucionales que pretendan negarle a Pinochet la presunción de inocencia, el derecho al juez natural, el principio de territorialidad de la ley penal, la prescripción de los delitos, la inmunidad como senador vitalicio y la inviolabilidad como antiguo Jefe de Estado. Tal vez el sanguinario dictador lamente que la pertenencia de Gordillo a la carrera fiscal le impida incorporarse oficialmente al equipo de abogados a su servicio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de septiembre de 1999