El Gobierno vasco y el PNV dicen que el acercamiento de los presos de ETA "llega tarde"

El Gobierno vasco afirmó que el paso dado ayer por el Ejecutivo del PP en materia penitenciaria "debía haberse producido hace bastante tiempo" y lamentó que el presidente Aznar no lo consensuara con los partidos. El portavoz del PNV, Joseba Egibar, dijo que el acercamiento de 105 presos "llega tarde", es "vergonzante" y sólo busca crear una "cortina de humo" ante el aniversario del Pacto de Lizarra. Egibar recalcó que en ningún país un ministro del Interior "diseña políticas de pacificación". Por su parte, EA e IU exigieron un traslado generalizado de presos.

El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Jon Imaz, indicó tras la reunión del habitual consejo de gobierno que Aznar ha incumplido las indicaciones aprobadas en dos ocasiones por el Congreso de los Diputados para realizar una política penitenciaria más flexible y que goce del consenso de los partidos. "El Gobierno fue requerido por el Congreso para llevar a cabo una política consensuada, dinámica y flexible y, en este sentido, creemos que no existe el acuerdo, no existe el consenso. La presencia de ambas cosas en una nueva política penitenciaria sería muy positivo", apuntó Imaz, que en este extremo coincidió con los socialistas vascos.

El portavoz del Gobierno vasco dijo que Aznar no puede entender la política penitenciaria "como si fuese una partida de ajedrez, moviendo ficha cuando le apetece o se lo aconseja la estrategia". Pese a todo, recalcó que la iniciativa de ayer "es un paso en el proceso de paz, es un paso que tenía que haberse producido hace tiempo y es un paso al que sin duda alguna tienen que suceder otros muchos en el futuro".

En esa misma clave, el portavoz peneuvista, Joseba Egibar, aseguró que la medida "llega tarde". El PNV cree que el acercamiento de un centenar de presos de ETA anunciado por el ministro del Interior es una medida "tímida y vergonzante" destinada a hacer de cortina de humo para soslayar futuros acontecimientos políticos, como el primer aniversario del Pacto de Lizarra que se celebra este fin de semana.

Egibar ironizó sobre esta medida, anunciada precisamente por el ministro de Interior, al afirmar que desconocía si realmente el Gobierno había contado con el visto bueno de Mayor Oreja, puesto que 48 horas antes éste había afirmado que no se daban motivo ni razón alguna para mover a los presos. Y apostilló que en ningún país un ministro del Interior diseña las políticas de pacificación.

El dirigente peneuvista insistió en que se trata de "una operación que llega tarde y mal". A su juicio, no se trata de un "acercamiento" propiamente dicho, sino de un "movimiento" en el que, en realidad, se acerca a 26 presos y se traslada de cárcel a los restantes. Según Egibar, el Gobierno del PP ha hecho, durante tres años y medio, caso omiso a instituciones como el Parlamento vasco que, desde febrero de 1994, ha estado reclamando el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, a la vez que ha defendido que no se olvide que son merecedores del respeto a sus derechos.

"¿Por qué hoy se produce este acercamiento de 26 y no se puede extender la decisión a los más de 400 presos de ETA?", se preguntó el portavoz peneuvista. Y se respondió a renglón seguido que lo que realmente ha pretendido con este paso el Gobierno popular ha sido "hacer ver que se mueve" ante el aniversario de la firma del Pacto de Lizarra. Añadió que el Ejecutivo que preside Aznar se ha propuesto "arruinar Lizarra, una declaración política suscrita por partidos, sindicatos y asociaciones que sitúa, desde el inicio, el contencioso vasco en unas coordenadas de resolución, y frente a la cual el Gobierno de Madrid no ha ofrecido alternativas".

La Diputada de EA en el Congreso de los Diputados, Begoña Lasagabaster, coincidió con el PNV al afirmar que la medida llegaba tarde y pidió, al igual que el coordinador de Ezker Batua (IU/EB), Javier Madrazo, que se generalice.

Según Lasagabaster, el movimiento anunciado por Mayor "no llega ni al 10% del cumplimiento de la ley" y "no responde al espíritu de la política basada en una nueva orientación, flexible y consensuada, que pretendía el Gobierno". A su juicio, esta medida podría ser "un paso si es un inicio político generalizado acorde con lo que establece la ley acerca del entorno social y familiar" de los reclusos y "si no se trata de propiciar actuaciones y maniobras políticas electorales". Madrazo espera que "no se quede únicamente en un golpe de efecto y de imagen en clave electoralista" y recordó que la política penitenciaria del Gobierno "ha estado envenenando y enquistando el propio proceso de paz".