El fiscal pide diez años de inhabilitación para el anterior alcalde de Garcia
La Fiscalía de la Audiencia de Tarragona pide diez años de inhabilitación para Josep Voltes, alcalde de García (Ribera d"Ebre) por el PSC durante el pasado mandato. El fiscal considera que Voltes contrató de forma ilegal a su mujer como auxiliar administrativa, incumplió la ley al no convocar el pleno extraordinario que debía destituirlo, dispuso, sin fondos presupuestados, que se realizara una auditoría de las cuentas municipales y contrató a un auxiliar administrativo para hacer las funciones de secretario-interventor.
Las conclusiones provisionales del fiscal recogen un sinnúmero de anomalías cometidas por Voltes entre agosto de 1998 y hasta las pasadas elecciones municipales, en las que fue sustituido por Francisco Acero. El detonante de la situación del alcalde fue la contratación -aun bajo el apercibimiento de ilegalidad por parte de la secretaria municipal- su esposa, María Dolores Marqués Pascual, en calidad de auxiliar administrativa y por un periodo de tres meses. Según recoge el fiscal, el alcalde hizo caso omiso de la advertencia de la funcionaria y firmó el contrato en agosto de 1998, fecha en la que acordó también la emisión de los talones de su sueldo correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, que no se hicieron efectivos ante la negativa de la secretaria y del tesorero municipal a firmarlos. Además, en el escrito del ministerio público consta que esta operación se intentó realizar a escondidas del resto de ediles. Éstos, una vez enterados de las intenciones de Voltes, presentaron por unanimidad una moción de censura contra él. El escrito entró en el registro municipal el 19 de agosto de 1998 y recordaba que el alcalde tenía 15 días para convocar el pleno, a lo que Voltes hizo oídos sordos, así como al requerimiento que después le hizo el Departamento de Gobernación. El edil se negó a debatir su censura en un pleno ordinario porque, dijo, no figuraba en el orden del día que él mismo había confeccionado, y exhortó a quines estuvieran en su contra a "denunciarlo ante un juez". El acusado realizó una auditoría de las cuentas municipales desde 1995, pese a no existir consignación presupuestaria, y por ella se pagaron 240.000 pesetas. Una vez la secretaria presentó su baja por traslado y, tras avisar a Voltes de que la única funcionaria de carrera que podría asumir las funciones de interventor era Eva Domènech, el alcalde contrató a Francisco Campos.
