Gobiernos autonómicos presionan a Tabacalera para que no cierre sus fábricas

Tabacalera ha puesto en pie de guerra a varios Gobiernos autonómicos y ayuntamientos. La empresa debe esperar, de momento, para iniciar el plan industrial anunciado en julio, que prevé el cierre de seis de sus 14 fábricas y la supresión de 1.400 empleos. Ninguna comunidad de las afectadas (Galicia, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria y Andalucía) quiere perder fábricas. La compañía, cuyos responsables han negociado durante todo el verano con dichos gobiernos, rechaza presiones y afirma que no variará sus planes por razones políticas.

Tabacalera cuenta en la actualidad con 14 fábricas en toda España y el plan industrial presentado el pasado mes de julio reduce su estructura a tan sólo ocho centros en el año 2003. Está previsto que las actividades de Valencia, Alicante y San Sebastián se concentren en una nueva fábrica en Alicante y que una nueva factoría en la costa norte, cuya ubicación está aún por decidir, absorba la producción de Gijón, Santander y Málaga. También prevé cerrar la de A Coruña, cuya actividad y plantilla pasaría a Logroño. Se mantienen, además, Tarragona, Sevilla, Cádiz y los dos centros de proceso de materia prima (Palazuelo, en Cáceres, y Cádiz). En el reparto actual, Gijón, Santander, Cádiz y Málaga fabrican cigarros puros (los populares Farias, entre otros) y a fabricar cigarrillos se dedican las otras ocho factorías, lo que a juicio de la dirección de Tabacalera justifica un plan de ajuste que garantice el futuro de la empresa. Este ajuste, al que se oponen frontalmente los sindicatos, supone la eliminación de 1.400 puestos de trabajo mediante prejubilaciones (950) y recolocaciones (450). Representantes sindicales se han reunido durante estos días con el objetivo de negociar el plan.

Al rechazo de los sindicatos se une, en esta ocasión, la protesta de las comunidades autónomas afectadas. El presidente de Galicia, Manuel Fraga, saltó como un resorte para defender la fábrica de A Coruña, cuya labor será absorbida por el centro de Logroño. Y al hilo de las exigencias de Fraga, que contaron con el apoyo de los trabajadores en las calles y de la Confederación de Empresarios de A Coruña, se han movilizado los Gobiernos de Comunidad Valenciana, Cantabria y Asturias.

El alcalde de Santander, Gonzalo Piñeiro, y el consejero de Industria de Cantabria, José Manuel Álvarez Redondo, ambos del PP, se reúnen mañana en Madrid con el presidente de Tabacalera, César Alierta, para reclamar que permanezcan los 480 empleos del actual centro de Cantabria. El Gobierno de Asturias, del PSOE, se ha propuesto mantener la planta de Gijón y los grupos políticos de este Ayuntamiento han formado un frente común para pedir la retirada del plan.

A la disputa entre las dos comunidades cantábricas se añade la reclamación de la alcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, que ha manifestado que "se convertirá en el mayor enemigo de Tabacalera" si lleva adelante el plan. También el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha declarado que hará "todo lo que sea para tratar que Tabacalera no cierre, pueda continuar y se mantengan los empleos".

Zaplana, en liza

También el presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, se ha metido de lleno en la refriega. Ayer el vicepresidente de la Generalitat valenciana, José Luis Olivas, declaró que Zaplana desde el primer momento trabajó para que mantuvieran las fábricas de Valencia y Alicante. Al final, el consejero reconoció que "al menos se ha logrado acoger el nuevo centro de Alicante". Por su parte, el Gobierno vasco y la Diputación de Guipúzcoa se han dirigido al Ministerio de Economía para que no se cierre la fábrica de San Sebastián.

Mientras tanto, fuentes de la empresa que preside César Alierta rechazaron ayer que existan presiones de las autoridades autonómicas y municipales, pese a la larga lista de encuentros mantenidos y previstos por sus responsables con los representantes políticos. Además, añadieron que si se atuvieran a razones políticas dejarían la compañía como está y perdería su nivel de competencia en el sector.