El partido de Los Verdes denuncia al secretario municipal de Marbella

La formación política Los Verdes de Andalucía ha presentado una demanda en la que solicita que se impute al secretario municipal de Marbella (Málaga), Leopoldo Barrantes, por un presunto delito de cooperación necesaria en la concesión de una treintena de licencias de obra. La denuncia fue presentada el pasado miércoles ante los cinco juzgados de Marbella, que en la actualidad instruyen 17 diligencias por la autorización de construcciones que contravienen las disposiciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, según informa el periódico malagueño La Opinión. Los Verdes consideran al funcionario "cómplice e inductor necesario de la comisión del delito objeto de la instrucción", por lo que solicitaron la declaración de Barrantes en calidad de imputado. La comisión de gobierno del Ayuntamiento marbellí, integrada por concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL), concedió las licencias basándose en la revisión del PGOU realizada por el gobierno de Jesús Gil y desautorizada por la Junta de Andalucía. Del mismo modo Los Verdes han solicitado que se impute al alcalde marbellí como responsable de diez delitos urbanísticos denunciados ante el Juzgado número uno de Marbella, y en los que no está inculpado, pues aunque Gil no participa directamente en la comisión de gobierno encargada de conceder las licencias, la formación ecologista le considera "igual de responsable". Archivo El titular del juzgado número 5 de Marbella, Antonio Ruiz Villén, también se ha pronunciado sobre una de las denuncias contra Gil y ha dictado su archivo. La acusación se produjo por un presunto delito contra la ordenación del territorio cometido por la comisión de gobierno del Ayuntamiento marbellí, que concedió una licencia a la promotora Prosonora SL. Sin embargo, la licencia que permitía la construcción de las ochenta viviendas y las obras que se estaban ejecutando continúan suspendidas cautelarmente por dictamen del TSJA ante el recurso contencioso administrativo que interpuso la Asociación para la Defensa y Protección de Guadalmina. La denuncia contra el gobierno del alcalde Jesús Gil (GIL) ahora archivada fue interpuesta por la Asociación para la Protección y Defensa de la Urbanización Guadalmina en 1997 ante la concesión de una licencia de construcción a Prosonora que permitía edificar en la urbanización una primera fase 80 viviendas en una parcela, y en una segunda fase otras 68. Según el auto, las parcelas a que se refieren dichas licencias de obras "tienen en la normativa urbanística la calificación de suelo urbano" y señala que los hechos denunciados "carecen de trascendencia jurídico-penal, pues no se puede considerar penalmente reprochable cualquier contravención urbanística".